¡Bomba! Sube la gasolina hasta 20 céntimos por la guerra en Irán y Ayuso exige rebajas urgentes al Gobierno de Sánchez
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La escalada de tensiones en Oriente Próximo, marcada por los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, ha desatado una reacción en cadena en los mercados que ya golpea directamente el bolsillo de los españoles. Los combustibles se han convertido en el primer termómetro de esta nueva crisis global, registrando subidas vertiginosas que amenazan con encarecer la vida cotidiana. La gasolina ya ha experimentado un repunte de hasta 20 céntimos por litro en las últimas semanas, situándose en muchos surtidores a 1,7 euros, una cifra que palidece ante la del diésel, que ronda los 1,8 euros y que, según advierten los expertos, podría acercarse peligrosamente a los dos euros en las próximas semanas si la volatilidad del crudo no remite.
Esta situación evoca fantasmas del pasado reciente, especialmente la crisis energética desatada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, cuyas repercusiones aún se sienten en la economía doméstica. Pero la onda expansiva de la guerra en Irán no se limita a los carburantes. Las empresas del sector energético también están sintiendo la presión. Compañías de la envergadura de Galp o Naturgy han optado por retirar temporalmente de sus catálogos las ofertas de luz y gas a precio fijo, alegando la «volatilidad extrema» de los mercados actuales. Una medida que genera inquietud ante la posibilidad de que el encarecimiento se extienda a otros productos esenciales, impactando de lleno en la temida cesta de la compra.
Ante este panorama, las demandas de acción al Gobierno de Pedro Sánchez se multiplican. Son muchos los ciudadanos que claman por medidas contundentes para evitar que el conflicto internacional se traduzca en una merma insostenible de su poder adquisitivo. El Ejecutivo, consciente de la gravedad de la situación, ha anunciado que ultima un primer paquete de ayudas diseñado para amortiguar el impacto tanto en los profesionales del sector como en los ciudadanos de a pie. Sin embargo, esta estrategia no ha estado exenta de críticas.
Desde el ámbito mediático, voces como la del popular periodista Carlos Herrera han alzado la voz para denunciar lo que consideran una política de «quítame allá esas pajas». Herrera ha señalado con vehemencia que, mientras el Gobierno anuncia ayudas, lo hace con el dinero que, según su análisis, ha recaudado previamente a través de subidas impositivas o de la propia inflación. El locutor ironiza sobre los aplausos que recibe el «ministro de turno» al prometer ayudas, cuestionando si no sería más sensato evitar el previo «despojo» a las familias. Según sus estimaciones, esta estrategia podría reportar al Estado unos ingresos adicionales de hasta 1.800 millones de euros, un «caramelito» que, a su juicio, el Ejecutivo no está dispuesto a soltar.
En paralelo, la presión política se intensifica desde las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se encontraba de viaje oficial en Nueva York, ha exigido de manera reiterada al Gobierno central una rebaja inmediata del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava los combustibles, la electricidad y el gas. Ayuso argumenta que la subida de estos precios está afectando «mucho, gravemente» a las familias españolas, mientras el Gobierno de Sánchez se encuentra en «máximos históricos de recaudación». Esta demanda no es nueva; la dirigente popular ya desplegó una estrategia similar durante la crisis ucraniana, reclamando rebajas en el IVA de alimentos básicos y luz, e incluso una subvención directa al precio de la gasolina. La Comunidad de Madrid, por su parte, también implementó medidas de alivio, como ayudas al transporte público o la deflactación del tramo autonómico del IRPF, en un intento por combatir la inflación galopante.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, que se enfrenta a la doble presión de la ciudadanía y de las administraciones autonómicas para ofrecer soluciones efectivas ante una crisis energética y económica que se agudiza con cada titular de conflicto internacional. La efectividad de las ayudas anunciadas y la voluntad de implementar medidas fiscales más profundas, como la rebaja del IVA solicitada por Ayuso, serán cruciales para determinar el impacto real en la economía de los hogares españoles.
