Hasta 15.000€ por agredir a un sanitario

La actualidad gallega se sacude con un golpe de autoridad que busca frenar las agresiones a sus profesionales sanitarios. Desde el 8 de abril de 2026, agredir a un médico, enfermera o al personal del 061 no saldrá gratis. Una nueva ley, pionera en España, blinda a los trabajadores de la sanidad con multas que pueden escalar hasta los 15.000 euros. También contempla medidas drásticas como el ‘destierro’ del agresor de su centro de salud habitual. Se acaba la impunidad.

Esta es la respuesta contundente de la Xunta a un problema persistente. En 2025 se registraron casi medio centenar de denuncias por agresiones a sanitarios. Sin embargo, no todo es celebración en el sistema de salud gallego. Mientras se aprueba esta protección histórica, una veintena de centros de salud cierran los sábados, avivando la polémica y afectando especialmente a las áreas de Santiago y Pontevedra.

Golpe de autoridad: 15.000€ y 'veto' por agredir a un sanitario

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha sido claro: la modificación de la Lei de Saúde de Galicia es una declaración firme. La norma eleva al máximo rango normativo la prevención y protección de los profesionales. Se acabó el “todo vale”. A partir de ahora, las agresiones, ya sean insultos o ataques físicos, acarrearán sanciones económicas de hasta 15.000 euros.

Pero la ley va más allá del aspecto económico. Introduce una medida inédita: la posibilidad de cambiar de profesional o de centro de salud a la persona infractora. Esto significa que un agresor podría ser ‘vetado’ de su ambulatorio de referencia durante cinco años. Es una herramienta poderosa para proteger a los sanitarios y garantizar un entorno de trabajo seguro.

La letra pequeña de la nueva protección

La protección que ofrece esta nueva ley no se limita a hospitales o centros de salud. Su alcance es revolucionario. Por primera vez, se extiende a colectivos antes desamparados: técnicos de emergencias sanitarias, personal del 061 e incluso trabajadores de la sanidad privada. Además, incluye al personal no asistencial, reconociendo que la violencia puede afectar a cualquier miembro del equipo.

La norma también se adapta a los nuevos tiempos. Incorpora explícitamente como conductas sancionables la violencia digital y el ciberacoso. Un mensaje amenazante por WhatsApp o una campaña de desprestigio online pueden tener consecuencias legales y económicas. Incluso las agresiones fuera de los centros sanitarios, por ejemplo, durante una atención domiciliaria, están contempladas. La privacidad del profesional también se blinda: grabar sin permiso al facultativo se considerará una vulneración de la confianza médico-paciente.

A pesar de este avance, algunos profesionales han calificado la versión final de la ley como “más light” de lo esperado, reclamando más prevención y una respuesta integral. La oposición, por su parte, ha votado a favor pero con matices. BNG y PSdeG critican que la ley no aborda la “raíz del problema”, que, según ellos, es el deterioro del sistema sanitario. Este punto de vista, aunque no resta valor a la protección, sí pone el foco en las carencias estructurales.

El lado oscuro de la sanidad gallega: los centros que cierran

Mientras Galicia celebra esta nueva barrera de protección, otra noticia empaña la actualidad sanitaria. Una veintena de centros de salud dejarán de abrir los sábados por la mañana. Santiago y Pontevedra son las áreas más afectadas por esta medida, que llega en un momento de tensión. El personal de los Puntos de Atención Continuada (PAC) mantiene un pulso con la Consellería de Sanidade por el decreto que amplía su horario.

La decisión de cerrar centros los sábados genera incertidumbre y malestar entre usuarios y personal. Parece una paradoja: se blinda a los sanitarios, pero se reducen servicios esenciales. Este “pulso” entre la administración y los trabajadores de los PACs, que llevan meses reclamando mejores condiciones, evidencia que la Sanidad gallega sigue siendo un campo de batalla. Las victorias, como la nueva ley, conviven con las sombras de los recortes y la precariedad. La protección es un paso, pero la gestión de los recursos sigue siendo un desafío urgente para la Xunta.