El Parlament desafía al juez por la bandera española y recurre la orden del TSJC
El Parlament de Catalunya ha decidido plantar cara al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ha presentado un recurso de reposición contra el fallo que le obliga a exhibir la bandera española de manera permanente en su fachada. La decisión, adoptada por unanimidad en la Mesa de la Cámara, choca frontalmente con las recientes declaraciones de Lluïsa Moret, número dos del PSC. Ella apoyó sorprendentemente la medida cautelar del tribunal, generando desconcierto entre sus compañeros de órgano.
La costumbre, el arma del Parlament
La estrategia del Parlament se basa en un argumento sencillo y recurrente: la costumbre. Desde 1981, la tradición en la Cámara catalana ha sido izar las banderas española y catalana únicamente los días de pleno o en jornadas institucionalmente relevantes. Este criterio busca anunciar a la ciudadanía la celebración de sesiones importantes. Fue ratificado por un acuerdo de la Mesa en 2009, poniendo por escrito esta práctica. Los servicios jurídicos de la institución consideran que esta costumbre no supone ninguna discriminación. Sostienen que la autonomía de Catalunya permite interpretar la normativa de simbología de esta manera.
El PSC, entre la espada y la pared
La discrepancia abierta por Lluïsa Moret ha puesto al PSC en una situación delicada. Mientras la Mesa del Parlament acordaba por unanimidad recurrir la decisión del TSJC, Moret se desmarcaba públicamente. Declaró que “es importante que los símbolos que representan a nuestro país estén en las puertas de las instituciones”. Estas palabras contradicen la postura oficial de la Mesa. Han provocado perplejidad y evidenciado tensiones internas sobre la exhibición de la bandera española en la Cámara.
El origen del conflicto: Impulso Ciudadano y el TSJC
La polémica se remonta a una demanda interpuesta por la entidad Impulso Ciudadano. Argumentan que el mástil de la fachada del Parlament luce permanentemente una gran 'senyera', mientras la bandera española brilla por su ausencia. En respuesta, el TSJC dictaminó el pasado 20 de marzo que el Parlament debe mantener colgada la bandera española de forma inminente y permanente. Se basó en la Ley 39/1981. Consideró que su exclusión tenía un fuerte componente simbólico. Interpretó que buscaba expresar un gobierno que no representa a todos los españoles. El Parlament, sin embargo, niega esta discriminación. Defiende su modelo de exhibición como una práctica consolidada y no opcional.
El futuro: ¿más recursos?
Con la presentación de este recurso de reposición, el Parlament busca que el TSJC reconsidere su decisión. Pretende que no aplique las medidas cautelares. En función de la respuesta del tribunal, la Cámara catalana no descarta elevar el caso a un recurso de casación. Esto podría alargar aún más este pulso simbólico y legal. La batalla por la visibilidad de la bandera española en la fachada del Parlament está lejos de haber terminado. Las próximas semanas serán clave para conocer el desenlace de este contencioso.
