Fiscalía archiva el expediente a la jefa de Madrid por el caso de su novio y recurre ante el Constitucional
Un giro inesperado sacude los pasillos de la Fiscalía General del Estado. El órgano que dirige la institución ha decidido archivar el expediente gubernativo abierto contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La investigación se inició tras una queja de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y buscaba determinar si Rodríguez había incumplido su deber de abstención en el caso que afecta al empresario. La noticia, comunicada este viernes, llega acompañada de otra relevante: la Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena impuesta al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.
El expediente a la fiscal jefa de Madrid se abrió el pasado 12 de febrero. Se centraba en determinar si Pilar Rodríguez debió apartarse de la investigación sobre González Amador, imputado por diversos delitos en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. La queja del empresario argumentaba que la fiscal jefa no se abstuvo en el momento oportuno, señalando que debió hacerlo desde el 14 de mayo, tras la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y no esperar hasta el 30 de octubre de 2024 como sostenía la Fiscalía.
Sin embargo, la Inspección Fiscal ha concluido que Rodríguez no era la responsable directa de intervenir en la querella mencionada. Según el comunicado oficial, esta investigación recayó en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial, asignada a un fiscal especialista. La Fiscalía General del Estado ha dejado claro que la mera recepción de informes por parte de la fiscal jefa no implica una responsabilidad profesional en el procedimiento, despejando así las dudas sobre su actuación.
Paralelamente, la Fiscalía General ha anunciado su decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El recurso, presentado ante el Tribunal Constitucional, busca anular dicha condena, originada a raíz de la filtración de la confesión de culpa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con el fraude fiscal.
Los argumentos de la Fiscalía en este nuevo frente son contundentes. Sostienen que los magistrados de la Sala Segunda del Supremo vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz durante el proceso judicial y en la resolución final. La defensa del ex fiscal general argumenta que su actuación se basó en el cumplimiento de su obligación de "informar verazmente", utilizando datos que ya eran públicos y en respuesta a "imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios".
La Fiscalía considera que la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal Supremo fue "sesgada e irrazonable". Ponen especial énfasis en los testimonios de periodistas que declararon haber recibido el correo electrónico con la confesión de González Amador antes de que García Ortiz tuviera acceso a él. Según el recurso, el Supremo no dio la importancia debida a estas declaraciones, vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia del ex fiscal general.
Estas dos decisiones, el archivo del expediente a la fiscal jefa de Madrid y el recurso ante el Constitucional, subrayan la complejidad del entramado judicial y político. El caso González Amador, que ha salpicado a figuras de la política y la justicia, continúa generando movimientos significativos que definirán el futuro de la institución y la confianza pública en ella.
