Juez Peinado procesa a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se encuentra en el centro de una causa judicial que ha dado un paso decisivo. El magistrado Juan Carlos Peinado ha acordado su procesamiento por presuntos delitos económicos y de corrupción, marcando un punto de inflexión en la investigación que podría desembocar en un juicio oral. Esta decisión judicial afecta directamente a la percepción pública y la estabilidad política, dado el cargo que ostenta su cónyuge.
El juez Peinado ha dictado un auto de procesamiento contra Begoña Gómez, atribuyéndole formalmente varios delitos. Entre ellos se encuentran la malversación, el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios y la apropiación indebida de marca. Estos cargos se desprenden de la fase de instrucción del procedimiento judicial, que ha analizado exhaustivamente las pruebas y testimonios recabados durante casi dos años.
En la misma resolución, el magistrado ha decidido excluir el delito de intrusismo profesional de la acusación. Este delito, que hasta ahora formaba parte de la investigación, ha sido descartado por el juez al considerar que existen solo indicios débiles y no plurales o sólidos para sustentarlo. La exclusión modifica el alcance inicial de los hechos que se imputan a la esposa del presidente, centrando la causa en los otros cuatro delitos económicos.
La decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y proceder al procesamiento de Begoña Gómez se produce después de la vista celebrada el pasado 1 de abril. Ahora, se abre un plazo de cinco días para que las partes personadas en el procedimiento presenten sus alegaciones. Este trámite es fundamental para que el magistrado determine si existen indicios suficientes para continuar hacia la apertura de un juicio oral o si, por el contrario, parte de la causa debe ser archivada. El juez ha rechazado además prorrogar la instrucción, lo que acelera el proceso.
La investigación se inició formalmente el 24 de abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Las primeras pesquisas se centraron en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Algunas de las noticias que sustentaron la denuncia inicial se demostraron posteriormente falsas, pero la investigación siguió adelante, ampliada a otros presuntos delitos como la malversación y la apropiación indebida.
Este procesamiento ha generado un clima de tensión política. Fuentes cercanas a La Moncloa han expresado su indignación ante la actuación del magistrado, llegando a compararse la situación con la de "regímenes absolutistas", según algunas informaciones. La defensa de Begoña Gómez y el Gobierno en su conjunto han mantenido la tesis de la inocencia y han criticado la instrucción judicial.
En el marco de esta misma causa, el juez Juan Carlos Peinado también ha procesado a la asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres han sido investigados durante la fase de instrucción, y la resolución actual confirma su paso a la siguiente etapa procesal, a la espera de que se resuelvan las alegaciones de las partes sobre la apertura del juicio oral.
