Alcalde impone multas y ‘dictadura’ en plenos
El pequeño municipio de Serranillos del Valle, en Madrid, se ha convertido en el epicentro de una polémica que salpica directamente a la labor de control de los ediles. El alcalde, Rubén Fernández Díaz, ha sido señalado por imponer un ambiente de "intimidación y dictadura" en los plenos municipales, llegando a sancionar económicamente a los concejales e incluso recurriendo a la Policía para sofocar las discrepancias. Esta deriva autoritaria, según denuncian desde la oposición, se ha materializado en una modificación del Reglamento Orgánico Municipal que permite multas de hasta 500 euros por "faltas de respeto" y 200 por interrupciones.
El Reglamento de la discordia
La controversia estalla tras la aprobación en 2024 de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en Serranillos del Valle. Esta actualización, tildada de "nula de pleno derecho" por el Partido Popular, ha introducido un régimen sancionador que penaliza duramente las intervenciones y las discrepancias en los plenos. La norma contempla multas de 200 euros para quienes interrumpan la sesión sin tener el uso de la palabra y eleva la sanción hasta los 500 euros en casos de "insultos, ofensas y faltas de respeto".
"Pleno tras pleno se repiten situaciones de censura"
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Juan Quintana, ha sido uno de los principales damnificados por estas nuevas normas. Quintana denuncia que el último pleno celebrado el pasado jueves fue tan solo "el último episodio" de una actitud que se repite "pleno tras pleno". Según sus palabras, se están produciendo "situaciones de censura, impedimentos para intervenir y sanciones económicas dirigidas a los concejales con el objetivo de limitar su labor de control al Gobierno municipal". Esta situación, a su juicio, otorga al alcalde "poderes casi dictatoriales".
¿Un poder sin límites?
La oposición considera que estas modificaciones no solo son "restrictivas y coartan nuestra libertad", sino que pretenden "hacer creer que es aceptable que una sola persona, desde su posición de poder, decida". La estrategia del alcalde Fernández Díaz, del partido local Transparencia y Democracia (TDS), parece ser la de acallar cualquier voz crítica mediante la imposición de multas y la amenaza de llamar a la Policía, creando un clima de "intimidación y dictadura" que choca frontalmente con los principios democráticos.
La sombra de la investigación
Este no es el único frente judicial que afecta a la corporación de Serranillos del Valle. Hace escasos días, se conocía que dos alcaldes del municipio, ambos del mismo partido y además cuñados, se encuentran investigados por presuntas irregularidades en la contratación del carril bici. Ambos regidores deberán declarar ante el juez el próximo 29 de abril, en relación con el material que debía utilizarse en dicha obra, una condición que se consideraba básica en el contrato.
El futuro de la gobernanza
La situación en Serranillos del Valle plantea serias dudas sobre la salud democrática del municipio. Mientras el alcalde Fernández Díaz parece empeñado en imponer su criterio a golpe de sanción, la oposición lucha por mantener su labor de control y fiscalización. La pregunta que resuena en el pequeño pueblo madrileño es hasta dónde llegará esta deriva y si las instituciones judiciales y políticas tomarán cartas en el asunto para garantizar un ejercicio democrático real y transparente.
Multas de 500 € y llamadas a la Policía: el alcalde de un pueblo de Madrid impone una «dictatura» en los plenos.
El alcalde de Serranillos del Valle, Rubén Fernández Díaz Ayuntamiento de Serranillos del Valle 30 mar.
2026 – 15:35 El alcalde del pequeño municipio madrileño de Serranillos del Valle, Rubén Fernández Díaz , del partido local Transparencia y Democracia (TDS), impone en los plenos del Ayuntamiento un clima de «intimidación y dictadura».
El portavoz de la formación, Juan Quintana , sufrió en el último pleno, celebrado el pasado jueves, el último episodio de una actitud que, denuncia, no es algo aislado, sino que «pleno tras pleno se repiten situaciones de censura , impedimentos para intervenir y sanciones económicas dirigidas a los concejales con el objetivo de limitar su labor de control al Gobierno municipal.
Y es que el Ejecutivo aprobó en 2024 la modificación de su Reglamento Orgánico Municipal (ROM), de tal manera que se incluyeron sanciones de 200 euros por interrumpir las sesiones cuando no se tenga el uso de la palabra y 500 euros por proferir insultos, ofensas y faltas de respeto en las sesiones plenarias.
