Cinco países de la UE piden un impuesto a los beneficios ‘extra’ de las energéticas
Los ciudadanos europeos afrontan una nueva carga económica por la escalada de precios de la energía. España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. La iniciativa busca distribuir de forma más equitativa el coste de la crisis energética, agravada por el conflicto en Irán.
La petición, formalizada en una carta del 3 de abril dirigida al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, responde al fuerte encarecimiento del crudo y el gas tras recientes ataques en Irán. Los ministros de Economía de los cinco países firmantes argumentan que esta situación ha generado un impacto comparable al de la crisis energética de 2022, provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Los ministros, entre ellos Carlos Cuerpo (España), Giancarlo Giorgetti (Italia), Lars Klingbeil (Alemania), Markus Marterbauer (Austria) y Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), señalan que un gravamen coordinado en toda la Unión Europea enviaría un mensaje de unidad y responsabilidad. Sostienen que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga sobre la población y los presupuestos públicos.
El objetivo principal de esta propuesta es doble: por un lado, financiar medidas de alivio temporales para los consumidores afectados por la subida de precios; por otro, contener la inflación sin sobrecargar las finanzas públicas. Se busca evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre ciudadanos y contribuyentes.
Aunque la situación actual se asemeja a la crisis de 2022, los firmantes destacan que Europa cuenta ahora con un mayor peso de las energías renovables. Esto sugiere que los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas podrían ser más pronunciados en el contexto actual, justificando la necesidad de un impuesto específico.
La Comisión Europea deberá estudiar la viabilidad de diseñar un marco legal que permita aplicar este impuesto de forma coordinada en todo el bloque. La iniciativa representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones conjuntas dentro de la Unión Europea para afrontar los desafíos económicos derivados de conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados energéticos.
España se une a otros cuatro países europeos para exigir a la UE un impuesto a los beneficios de las eléctricas. Cinco de las principales economías de la Unión Europea han dado un paso conjunto para impulsar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo, provocada por el conflicto con Irán.
Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea que diseñe un marco legal que permita aplicar este gravamen de forma coordinada en todo el bloque para “distribuir de manera justa la carga” económica que recae en los bolsillos de los europeos.
La iniciativa, recogida en una carta fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, responde al fuerte encarecimiento del crudo y el gas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.
Lars Klingbeil (Alemania), Giancarlo Giorgetti (Italia), Markus Marterbauer (Austria) y Joaquim Miranda Sarmento (Portugal) y el español Carlos Cuerpo, señalan que esta situación ha generado un impacto comparable al de la crisis energética de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en el contexto actual Europa cuenta con mayor peso de las energías renovables.
El objetivo de esta medida es financiar, a partir de la recaudación de este impuesto, “medidas de alivio temporales” para los consumidores y “contener el aumento de la inflación” sin tener que “imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos.”
Los países proponen incluso estudiar la posibilidad de gravar los beneficios obtenidos en el extranjero por las grandes multinacionales energéticas. Los firmantes subrayan además una derivada política de la medida. Señalan que este instrumento común permitiría “demostrar que estamos unidos y somos capaces de actuar” y lanzaría “un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga sobre la población.”
Por su parte, la Comisión Europea ha mostrado su intención de analizar la iniciativa con rapidez. Se prevé que los equipos técnicos de Bruselas estudien en las próximas semanas el posible encaje jurídico de este mecanismo.
