María Jesús Montero, en el punto de mira judicial por avales de la Junta de Andalucía
La justicia andaluza ha reabierto una investigación clave sobre presuntas irregularidades en la concesión de avales por parte de la Junta de Andalucía. El juez José Ignacio Vilaplana ha solicitado con urgencia toda la documentación relativa a un acuerdo de 2005. Esto pone en el punto de mira a la actual candidata socialista y ex consejera, María Jesús Montero. La decisión judicial añade un nuevo frente a la compleja campaña electoral de la socialista.
El juez del caso Avales ha decidido dar un nuevo impulso a la causa que investiga las ayudas concedidas a la empresa Pickman S.A. La solicitud de información se centra en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2005. En ese acuerdo, Montero formaba parte como consejera de Sanidad. Este movimiento judicial subraya la persistencia de las investigaciones sobre la gestión de fondos públicos en etapas anteriores del gobierno andaluz.
Un aval de 1,3 millones bajo la lupa
El foco se centra en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 13 de diciembre de 2005. En esa fecha, con Manuel Chaves como presidente y María Jesús Montero como consejera de Sanidad, se ratificó la concesión de un aval de 1.300.000 euros a Pickman, S.A. El juez exige, con carácter de urgencia, toda la documentación del expediente completo (núm. 660/2005) relativo a este acuerdo. También solicita la ratificación del Consejo Rector de la Agencia IDEA. La petición subraya la importancia que el magistrado otorga a este punto específico de la investigación.
Reactivación judicial en plena campaña electoral
La reactivación de esta causa judicial coincide con la aspiración de María Jesús Montero a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones. Este hecho añade complejidad a su campaña electoral. Obliga a la candidata a enfrentar un escrutinio judicial mientras busca liderar la comunidad autónoma. La noticia supone un revés en su estrategia de campaña, que pretendía centrarse en propuestas de futuro.
La investigación sobre los avales de la Junta de Andalucía ha salpicado a varios diputados. Ha puesto en alerta a la Fiscalía Anticorrupción. La implicación de Montero, como miembro de aquel Consejo de Gobierno, podría tener repercusiones políticas y judiciales. La exigencia de información por parte del juez Vilaplana sugiere que la titular de Hacienda en aquel momento, y hoy candidata, podría verse directamente afectada por la resolución de esta causa.
Un juez reactiva la causa de los avales de la Junta y pide de urgencia una resolución que implica a María Jesús Montero. Un diputado andaluz está en el punto de mira del juez y la Fiscalía Anticorrupción por los avales de la Junta a través de la Agencia IDEA. El juez cita a 18 investigados por el aval irregular de un millón a una empresa que también se benefició de los ERE.
El juez del caso Avales ha reactivado la causa abierta por las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa sevillana Pickman S.A. Ha puesto bajo el foco de su indagación un acuerdo adoptado el 13 de diciembre de 2005 por el Consejo de Gobierno. Presidía entonces el socialista Manuel Chaves y formaba parte del mismo María Jesús Montero como consejera de Sanidad. Hoy es candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta para las elecciones del próximo 17 de mayo.
El juez José Ignacio Vilaplana ha librado un oficio dirigido a la actual Consejería de Presidencia. Solicita que, a la mayor brevedad posible, se facilite a este órgano judicial, con carácter de URGENCIA, toda la documentación del expediente íntegro y completo (núm. 660/2005). Este expediente se refiere al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 13 de diciembre de 2005. Dicho acuerdo ratifica la concesión de un aval por importe de 1.300.000 euros a la empresa Pickman, S.A.
En el auto, notificado a las partes, el magistrado exige toda la documentación que obre en los archivos de la Junta. Incluye documentos físicos, digitales o virtuales. No discrimina si pertenecen estrictamente a un expediente administrativo. Deben incluirse notas manuscritas, posits, papeles de trabajo, correos electrónicos de preparación, tramitación, borradores, memorandums, etc.
