La Fiscalía pide archivar el caso Begoña Gómez
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso contundente ante la Audiencia Provincial. En un giro inesperado, la Fiscalía pide archivar el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El Ministerio Público argumenta la ausencia de delito penal en los hechos investigados, chocando frontalmente con la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien había propuesto juzgar a Gómez por malversación, tráfico de influencias y corrupción.
Este movimiento evidencia una fuerte tensión entre la interpretación jurídica de la Fiscalía y la del juez instructor. Peinado ve indicios de delito y ha comparado al presidente Sánchez con Fernando VII en su auto. Sin embargo, la Fiscalía considera que el magistrado ha provocado una "deliberada confusión" buscando "dibujar" delitos ante su "inexistencia".
Las claves de la Fiscalía para archivar el caso Begoña Gómez
En un extenso escrito de 40 folios, la Fiscalía detalla sus razones para pedir el sobreseimiento libre, sosteniendo que los hechos investigados no constituyen infracción penal. Estos incluyen presuntas irregularidades en la obtención de financiación para cátedras universitarias y acuerdos empresariales. Subsidiariamente, solicita el sobreseimiento provisional si la petición principal no prospera, argumentando que no está "debidamente justificada la formación del delito".
El Ministerio Público es categórico: "no hay delito" en la actividad de Begoña Gómez. Insiste en que "la mera relación conyugal de Begoña Gómez no puede operar como influencia", desvinculando su posición como esposa del presidente de cualquier acto delictivo. La Fiscalía pide archivar el caso por esta razón fundamental.
Dudosas 'cuestiones éticas y estéticas' pero no delictivas
A pesar de insistir en la ausencia de delito penal, la Fiscalía reconoce que "hay determinadas cuestiones" que "pueden no resultar éticas ni deseables". Añade que "resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos" y la "desviación de poder" en un Estado democrático y transparente.
Sin embargo, matiza que estas "cuestiones" son de "índole política" o deberían abordarse mediante una "regulación apropiada sobre las incompatibilidades" y el papel de cónyuges o familiares de cargos públicos. La Fiscalía considera que, si bien algunos actos pueden ser cuestionables, no alcanzan la categoría de delito penal.
El juez Peinado insiste en el juicio pese a la petición de archivo de la Fiscalía
La petición de archivo de la Fiscalía se opone directamente a la resolución del juez Juan Carlos Peinado. El pasado 13 de abril, Peinado procesó a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés, acordando transformar las actuaciones en procedimiento por la ley del jurado, lo que implica la propuesta de abrir juicio oral. La Fiscalía pide archivar el caso, pero Peinado mantiene su postura.
El juez instructor ha sido especialmente crítico con la actuación de Gómez y su entorno. Señala que la actividad de su asesora, Cristina Álvarez, "era tan pública y de tanta intensidad que no podía escapar al conocimiento de sus superiores jerárquicos" y que "se realizó con la autorización de los mismos o al menos con su anuencia", apuntando directamente a figuras como Félix Bolaños.
El contexto de la investigación: tráfico de influencias y corrupción
La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juez Peinado sostiene que Begoña Gómez habría utilizado su posición para obtener beneficios privados, incluyendo la captación de fondos para la universidad y el ofrecimiento de ventajas a empresas.
Aunque el delito de intrusismo profesional ha sido archivado, las acusaciones principales persisten en la mente del juez instructor. La Fiscalía, sin embargo, desmonta estos argumentos, señalando que el juez "trata de catalogarse y tacharse cualquier actividad como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales".
El papel de los implicados: Cristina Álvarez y Carlos Barrabés
Además de Begoña Gómez, el juez Peinado también ha procesado a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Según el auto del juez, Álvarez habría participado activamente en las negociaciones y acuerdos, mientras que Barrabés estaría implicado en delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Fiscalía, en su recurso, solicita el archivo de la causa tanto para Gómez como para los otros dos imputados, argumentando la misma ausencia de indicios delictivos.
La defensa de Begoña Gómez y las críticas al juez
La defensa de Begoña Gómez ha compartido la línea argumental de la Fiscalía, considerando "absolutamente inaceptable" el auto del juez Peinado. Han presentado su propio recurso ante la Audiencia Provincial, reclamando la anulación de la decisión del instructor, centrando las críticas en la interpretación que el juez hace de los hechos y en sus comentarios.
Archivo o juicio: el futuro del caso Begoña Gómez se decide ahora
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir si estima el recurso de la Fiscalía y archiva la causa, o si respalda la decisión del juez Peinado, abriendo juicio oral contra Begoña Gómez y los otros investigados. La decisión final marcará un hito en la compleja trama judicial que rodea a la esposa del presidente del Gobierno.
