Casi un millón de euros por cesión ilegal de 16 trabajadores
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FeSMC), una rama de la Unión General de Trabajadores (UGT), se tambalea ante una posible sanción que podría alcanzar los casi un millón de euros. La causa: la presunta cesión ilegal de 16 trabajadores en su servicio jurídico. Según las informaciones, la multa se calcularía en 60.000 euros por cada empleado afectado, una cifra que pone en jaque a uno de los sindicatos más representativos del país.
La investigación, que ha incluido interrogatorios a una treintena de personas, concluye que la cesión ilegal de trabajadores ha sido una práctica continuada y estructural, agravando la posible infracción. No se trata de un hecho puntual, sino de una dinámica laboral que se ha mantenido durante todo el tiempo en que se prestó el servicio jurídico.
Un agujero millonario en UGT
La modalidad detectada implica que, aunque los trabajadores estuvieran formalmente vinculados a una empresa externa, en la práctica operaban como si fueran parte de la estructura del propio sindicato. Esta práctica es una de las infracciones laborales más graves, ya que elude responsabilidades y derechos de la plantilla.
Que la sanción recaiga sobre UGT, organización cuya misión es defender los derechos laborales, añade una capa de controversia al caso. La noticia adquiere especial relevancia en el actual contexto político, marcado por la polarización y la estrecha relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La presunta irregularidad en las prácticas laborales del sindicato podría tener repercusiones que van más allá del ámbito sindical.
El peso de la ley sobre UGT
La sanción que se cierne sobre UGT no solo subraya la importancia de la fiscalización de las prácticas laborales, sino también la contundencia con la que las administraciones pueden actuar. La cuantía de la multa propuesta demuestra la gravedad de la cesión ilegal de trabajadores y las consecuencias económicas que puede acarrear.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que el expediente se ha tramitado con rigor. La decisión final dependerá de los argumentos que UGT presente en su defensa, pero las evidencias apuntan a un escenario complicado. El sindicato se enfrenta a un desafío mayúsculo para evitar el desembolso de una cifra que podría rondar el millón de euros.
La resolución de este expediente se espera con expectación. Podría sentar un precedente en la aplicación de la normativa laboral a organizaciones de la envergadura de UGT, marcando un antes y un después en su trayectoria.
En otro orden de cosas, el Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprobado una propuesta de sanción de 37.315,38 euros a un arrendador por un cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante en una vivienda alquilada. La resolución exime de responsabilidad al propietario del inmueble al no acreditarse su participación directa. El expediente se inició tras un acta de la Policía Local que constató la comercialización de la vivienda como estancia turística a través de una plataforma digital, incluyendo una reserva y servicios propios de la actividad turística.
