Abre causa penal a Félix Alonso Cantorné por prevaricación en Altafulla
El Tribunal Supremo ha asestado un golpe demoledor a Sumar y, en particular, a su diputado Félix Alonso Cantorné. La Sala de lo Penal ha abierto una causa penal contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta decisión judicial lo acorrala directamente, basándose en la adjudicación irregular de contratos a dos empresas específicas durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona), entre 2011 y 2019. El escándalo pone en jaque su trayectoria y sacude los cimientos de la formación de Yolanda Díaz.
El Alto Tribunal actuó tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil y de Instrucción de Instancia de El Vendrell. La documentación, respaldada por el Ministerio Fiscal, detallaba contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Altafulla bajo la dirección de Cantorné. Se habrían llevado a cabo "al margen de la normativa debida". Las empresas beneficiadas, Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP, habrían sido favorecidas de manera directa y sin la transparencia legalmente exigida.
Contratos a dedo para saltarse la ley
El modus operandi que el Supremo considera probado es alarmante. Según la Sala, Félix Alonso Cantorné habría recurrido a la "figura del contrato menor". De este modo, eludía los requisitos de publicidad y concurrencia. Esta estrategia le habría permitido la adjudicación directa y una "elección arbitraria del adjudicatario", ignorando los procedimientos legales. En algunos casos, la situación fue aún más grave: no se acudió "a procedimiento alguno".
Los magistrados señalan que el exalcalde actuó "presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era". Este comportamiento encaja con los elementos de un presunto delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal. La contundencia de la Sala deja poco espacio a la duda sobre la solidez de los indicios.
La sombra de más irregularidades
La investigación no se limita a la prevaricación. Los magistrados advierten que, "en función de los resultados que se vayan alcanzando", no descartan que afloren otros tipos de irregularidades. Se pone especial foco en la "dinámica de facturación para hacer frente a pagos". Esto sugiere que las presuntas ilegalidades podrían ir más allá de la mera adjudicación, afectando a la gestión económica del consistorio.
La designación del magistrado Vicente Magro como instructor subraya la seriedad del asunto. La situación es crítica para el diputado de Sumar. Su carrera política se ve ensombrecida por un proceso judicial que podría tener consecuencias devastadoras. La presunción de inocencia acompaña a Félix Alonso Cantorné, pero el peso de los indicios presentados por el Alto Tribunal es innegable y exige explicaciones contundentes. Este nuevo frente judicial para un miembro de Sumar promete un largo y turbulento recorrido.
