¿Qué pasará con las restricciones en España? Francia deroga las ZBE y España se replantea todo
La Asamblea Nacional francesa ha dado un portazo a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aprobando una ley que deroga estas restricciones en ciudades de más de 150.000 habitantes. La decisión, que ha contado con un amplio respaldo parlamentario, plantea serias dudas sobre el futuro de normativas similares en España, donde la implementación de las ZBE avanza a trompicones y genera creciente debate.
Adiós a las ZBE en Francia: un debate que cruza los Pirineos
La ley de simplificación de la vida económica, impulsada por el gobierno francés, ha superado el último trámite legislativo en la cámara baja con 275 votos a favor y 225 en contra. Posteriormente, el Senado ratificó la medida con 223 votos a favor y 100 en contra. Esta aprobación supone la supresión de las Zonas de Bajas Emisiones, creadas en 2019 y cuya aplicación comenzó en 2021, tras un intento fallido el año pasado. Los argumentos esgrimidos por los defensores de la derogación se centran en la creación de "desigualdades sociales" y las cargas económicas que suponen para los ciudadanos.
El espejo español: entre la imposición y la resistencia
Mientras Francia da marcha atrás, en España la situación es de lo más variopinta. La Ley de Movilidad Sostenible marca el 5 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los grandes núcleos urbanos españoles cuenten con restricciones de circulación. Sin embargo, la aplicación de estas medidas depende de cada ayuntamiento, lo que ha generado un mosaico de normativas y niveles de cumplimiento. Ciudades como Huelva han comenzado recientemente a implementar sus propias ZBE, aunque con periodos de gracia sin multas, mientras otras, especialmente las de más de 50.000 habitantes, deberían haberlas tenido ya en funcionamiento según la última prórroga del Gobierno.
Las ZBE en España: un futuro incierto y a la espera de sentencias
La decisión francesa podría tener un eco significativo en el debate político y social español. Las ZBE, concebidas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en las ciudades, han sido objeto de críticas por su impacto económico y la complejidad de su aplicación. En Madrid, por ejemplo, coexisten la ZBE de todo el municipio y las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (Centro y Plaza Elíptica), con restricciones específicas para vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, aunque con excepciones hasta finales de 2026 para residentes.
La reciente aprobación en Francia abre la puerta a cuestionar la viabilidad y el modelo de las Zonas de Bajas Emisiones en otros países. La polémica sobre si estas medidas son efectivas o si, por el contrario, generan más problemas de los que resuelven, está servida. España, con su propia hoja de ruta y sus desafíos particulares, observa con atención el desenlace francés, a la espera de ver si este giro copernicano en Europa abre una nueva era para la movilidad urbana o si las restricciones se consolidan pese a las controversias.
La Asamblea Nacional aprueba la ley que derogará las Zonas de Bajas Emisiones en Francia. Los grupos políticos que han apoyado la «ley de simplificación de la vida económica» argumentan que las restricciones «fomentan las desigualdades». La Asamblea Nacional el martes y después el Senado el miércoles han votado mayoritariamente a favor de aprobar la ley de simplificación de la vida económica, que incluye la derogación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades francesas de más de 150.000 habitantes.
Se ha aprobado esta medida legislativa con 275 votos a favor y 225 en contra en la cámara baja y con 223 votos a favor y 100 en contra en la cámara alta. Supone la supresión de estas zonas que se crearon en 2019 en Francia y comenzaron a implementarse en 2021. El año pasado ya se sometió a votación esta cuestión a través de una enmienda, pero fue finalmente rechazada. Su objetivo era limitar la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y mantenerla, únicamente, en aquellas áreas urbanas que superasen regularmente los umbrales reglamentarios de calidad del aire, que afectaba principalmente a la capital, París, y a Lyon.
Los argumentos para tumbar la ZBE francesa han girado en torno a la «desigualdad social» resultante de la aplicación de las zonas de bajas emisiones.
