El CGPJ da un zasca a la jueza del ‘caso Dana’: «Defensa desnortada» es ofensivo para los abogados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un fallo contundente que pone de manifiesto su postura ante las tensiones surgidas en el marco del complejo 'caso Dana'. En una decisión que busca reequilibrar la balanza, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha decidido respaldar las quejas presentadas por el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) en nombre de varios letrados personados en la causa. La magistrada instructora, Nuria Ruiz Toba, se ha visto reprendida por el uso de ciertos calificativos en sus autos, aunque el CGPJ también ha admitido a trámite solicitudes de amparo por parte de la propia jueza.
La controversia se originó a raíz de expresiones vertidas por la jueza que los abogados consideraron ofensivas para su dignidad profesional. Calificativos como «defensa desnortada», «dislate procesal» y «petición de prueba denigratoria», empleados en un auto que desestimaba pretensiones de las acusaciones, fueron el detonante de la queja formal. A esto se sumó la mención, considerada innecesaria y ofensiva, de un vídeo personal de una de las letradas. Ante esta situación, los letrados acudieron al ICAV, que trasladó sus quejas al CGPJ.
El Pleno del Poder Judicial ha dado la razón a los abogados al considerar que la posición del ICAV, al exigir el cese de este tipo de actitudes, no perturba la actuación imparcial de la magistrada. De hecho, el órgano subraya que la propia jueza instructora es consciente de que el uso de tales improperios puede acarrear consecuencias disciplinarias. Con esta decisión, el CGPJ ampara a los dos colegiados que trasladaron sus quejas y marca un precedente sobre el trato que deben recibir los profesionales del derecho.
Amparo parcial para la magistrada
Sin embargo, la resolución del CGPJ no es unánime en cuanto a la totalidad de las peticiones. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 27 de abril admitir a trámite dos solicitudes de amparo presentadas por la propia jueza instructora, Nuria Ruiz Toba. Estas solicitudes se dirigían contra declaraciones y actuaciones de terceros que, según la magistrada, podrían estar afectando su labor.
Una de estas solicitudes de amparo se dirige contra Rafael Hernando, diputado del PP, quien acusó a la jueza de prevaricación «palmaria» en un mensaje público. La otra petición de amparo fue motivada por las críticas vertidas en una concentración pública por el abogado y 'youtuber' Rubén Gisbert, quien ejerce una de las acusaciones particulares en la causa. Gisbert ha llegado a llamar «delincuente» y «corrupta» a la jueza en redes sociales, además de proferir insultos contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
El órgano del CGPJ ha concedido un plazo de 10 días a Hernando y Gisbert para que presenten sus alegaciones en relación con los hechos que motivaron la petición de amparo por parte de la magistrada. Cabe destacar que, en paralelo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) confirmó recientemente el archivo de una querella interpuesta por el propio Rubén Gisbert contra la jueza y su marido, el magistrado Jorge Martínez Ribera. La comisión disciplinaria del CGPJ, por su parte, mantiene abiertas diligencias informativas por las quejas presentadas por las partes implicadas en el procedimiento.
Esta doble resolución del Poder Judicial —respaldando a los abogados en un aspecto y amparando a la jueza en otro— evidencia la complejidad de la causa y la delicada posición de la magistrada instructora, que se encuentra bajo el escrutinio tanto de los profesionales de la justicia como de figuras políticas y mediáticas. El poder judicial ha emitido un fallo que marca un punto de inflexión en la forma en que se abordan las quejas de los letrados frente a posibles abusos de autoridad, demostrando un respaldo a los abogados en su defensa profesional y estableciendo un precedente importante para el futuro de la práctica jurídica en España.
