El TJUE tumba el ‘indefinido no fijo’ y abre la puerta a indemnizaciones millonarias a interinos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha lanzado un jarro de agua fría sobre la administración pública española. Una sentencia que podría cambiar radicalmente el futuro de miles de interinos declara que la figura del 'indefinido no fijo', la solución que España ha aplicado para regularizar a trabajadores temporales que encadenan contratos, es insuficiente. La decisión, muy esperada por juristas y afectados, cuestiona la política de contratación temporal y abre la puerta a un posible aumento de las indemnizaciones.
La Justicia europea responde así a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad sobre si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos. La causa que elevó la cuestión al TJUE se centra en el caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad como cuidadora de niños entre marzo de 2016 y su cese. El Supremo pretendía disipar las dudas existentes ante la aplicación divergente de la normativa comunitaria en los tribunales españoles.
El TJUE tumba el 'indefinido no fijo' y exige sanciones efectivas
El fallo del TJUE es contundente: la práctica de convertir a los interinos en indefinidos no fijos supone "mantener una relación laboral temporal" y, por tanto, no es una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos derivados de la contratación temporal en el sector público. La corte de Luxemburgo considera que esta figura perpetúa la precariedad de los trabajadores y no elimina las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Además, el tribunal europeo también evalúa otras medidas como el pago de una indemnización al finalizar la relación laboral o la convocatoria de procesos selectivos que tengan en cuenta la experiencia previa. Según el TJUE, ninguna de estas opciones parece ser suficiente para sancionar el abuso de temporalidad de manera efectiva.
Juristas y críticas a la normativa española tras el fallo del TJUE
Distintos juristas familiarizados con la problemática se muestran "ansiosos" por conocer el veredicto. "A ver si se ajusta a las previsiones que tenemos", comenta un letrado. Si bien la sentencia del TJUE marca un hito, algunos expertos ya cuestionan la normativa española de 2021, señalando que "no se ajusta a las exigencias de la directiva comunitaria", según resume Javier Arauz. El abogado Jaime Rodríguez añade que el TJUE ha dado un paso más allá en su interpretación.
La sentencia llega en un momento clave, con fallos anteriores que ya han comenzado a multiplicar las indemnizaciones a trabajadores. Las primeras sentencias dictadas tras el llamado 'asunto Obadal', por ejemplo, han condenado a administraciones a pagar sumas millonarias. La Junta de Extremadura, sin ir más lejos, afrontó un desembolso superior a los 320.000 euros en indemnizaciones tras resolverse casos similares.
El futuro de miles de interinos en España tras la sentencia del TJUE
La decisión del TJUE no obliga directamente a España a convertir a todos los interinos en fijos, pero sí a sancionar de forma efectiva el abuso de la temporalidad. El Gobierno español ha recordado que la sentencia es "aclaratoria" y no impone la fijeza automática. Sin embargo, el impacto en la jurisprudencia y en los procesos judiciales que aún están por resolverse será innegable.
El tribunal europeo busca con este pronunciamiento que la Unión Europea cuente con medidas disuasorias y efectivas contra la precariedad laboral en el sector público, una situación que afecta a miles de trabajadores en España. La pelota está ahora en el tejado de los tribunales españoles y de la propia administración, que deberán adaptar sus prácticas a la nueva interpretación de la justicia europea.
El último fallo del tribunal europeo multiplicará las indemnizaciones a trabajadores de la Junta. Las primeras nueve sentencias dictadas desde el pasado 14 de abril, tras el 'asunto Obadal', condenan a la administración autonómica al pago de más de 320.000 euros. La Junta redujo el pasado verano a siete los nueve millones de euros previstos para el pago de indemnizaciones a trabajadores tras el proceso de estabilización, pero serán más los que finalmente tendrá que destinar a este abono.
El último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictado el pasado 14 de abril, podría multiplicar el desembolso al que tendrá que hacer frente la administración autonómica.
