Rechazo frontal a la reforma de PP y Vox por «regresión ambiental»
El Mar Menor se ha convertido en un campo de batalla legal y medioambiental. El Comité del Mar Menor ha lanzado un rechazo frontal a las propuestas de reforma de la ley impulsadas por el PP y Vox en la Asamblea Regional, calificándolas directamente de "involución". Un contundente informe jurídico, encargado por los órganos de representación del ecosistema, concluye que ambas iniciativas legislativas tramitadas en la Cámara autonómica conllevan una clara "regresión ambiental" y un "incumplimiento del espíritu" de la norma original de 2020.
"Involución" y "regresión ambiental": la advertencia del Comité del Mar Menor
Las propuestas legislativas del PP y Vox para modificar la Ley de recuperación y protección del Mar Menor de 2020 han sido tildadas de "carácter estructuralmente regresivo" en materia de conservación ambiental. El dictamen, elaborado a través del consorcio europeo Coast Scapes y al que ha tenido acceso este medio, advierte de una "involución" en la protección de la albufera. Según el informe, estas reformas buscan sustituir el actual modelo de intervención pública por uno "más flexible" y "menos exigente", lo que podría desembocar en un "desmantelamiento de la gobernanza" y del control parlamentario, así como un "debilitamiento" del régimen sancionador.
Pedro Luengo, presidente del Comité de Seguimiento, ha señalado que estas reformas incumplen el artículo 45 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a conservar y restaurar los ecosistemas degradados. La crítica se extiende a la posible rebaja de las sanciones económicas a los infractores, lo que, según portavoces de Ecologistas en Acción, implicaría que el incumplimiento grave de la ley ya no conllevaría la pérdida de ayudas públicas.
El PP defiende su propuesta: "Adaptar sanciones a la norma estatal"
Desde el Partido Popular, la diputada regional María Casajús ha intentado desmarcarse de las críticas más duras, asegurando que su propuesta de reforma "solo busca adaptar las sanciones a la norma estatal". Según Casajús, la iniciativa es fruto de meses de escucha a asociaciones y colectivos, y pretende armonizar la ley regional con una normativa nacional que no existía en 2020. "Las actividades en el entorno del ecosistema seguirán estando controladas y el espacio natural continuará siendo el más vigilado de Europa", ha recalcado la diputada.
Sin embargo, el PP pide que no se mezcle su propuesta con la de Vox, insistiendo en que su objetivo es únicamente modificar un artículo relacionado con la cuantía de las sanciones económicas. "Por tanto, criticar nuestra propuesta implicaría también un rechazo a la norma estatal", ha añadido Casajús, defendiendo que su modificación es un mero "ajuste".
La Comunidad redobla esfuerzos en la retirada de biomasa
Mientras el debate legal y político se intensifica, la Comunidad Autónoma sigue trabajando sobre el terreno. Desde enero, se han retirado más de 4.200 toneladas de biomasa del litoral del Mar Menor. El operativo diario del Gobierno regional, que ha movilizado a 11.280 personas en lo que va de año, ha visto incrementada su eficacia, superando en un 39% la cantidad retirada en el mismo periodo de 2024 y casi triplicando la de 2023. Este dispositivo, integrado por un centenar de personas cada día, actúa a lo largo de todo el año para evitar la acumulación y descomposición de materia orgánica en la costa.
Las recientes lluvias intensas en la costa murciana han supuesto un aporte extraordinario de agua dulce a la laguna salada, con picos de caudal de hasta 17.000 metros cúbicos por segundo. Ante esta situación, un centenar de efectivos de la Comunidad Autónoma realizan labores de limpieza y recogida de biomasa de forma intensiva. La inversión de 7,1 millones de euros en 2025 para estos trabajos subraya el compromiso del Ejecutivo regional con la protección del ecosistema, un esfuerzo que cuenta con el aval de la comunidad científica.
El Comité del Mar Menor rechaza la reforma de la ley de PP y Vox y habla de «involución». Un informe jurídico concluye que ambas iniciativas tramitadas en la Asamblea conllevarían una «regresión ambiental».
