Marlaska oculta informes clave sobre la escolta policial a Sarah Santaolalla
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se niega a proporcionar los informes que justifican la asignación de una escolta policial a la tertuliana Sarah Santaolalla. La decisión, amparada en los pretextos de 'seguridad pública' y 'protección de personas', fue comunicada oficialmente tras una petición de información bajo la Ley de Transparencia, en posesión exclusiva de Libre Mercado. La opacidad del departamento ministerial intensifica la polémica sobre el uso de recursos públicos para proteger a figuras afines al Gobierno.
La solicitud buscaba esclarecer las razones y el momento exacto de la decisión de dotar de protección policial a Santaolalla. La respuesta oficial, firmada por María del Puy Zatón Osés, directora del Gabinete en la Secretaría de Estado de Seguridad, se remite a la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según el ministerio, esta normativa, que regula la gestión de servicios de 'seguridad y protección de personas', tiene un acceso restringido. Para fundamentar la negativa, Interior invoca los Acuerdos de Consejo de Ministros de 1986 y sus ampliaciones, amparados en la Ley de Secretos Oficiales, citando el artículo 14.1.d de la Ley de Transparencia.
Marlaska oculta los informes de la escolta policial
La asignación de escolta a Sarah Santaolalla se produjo tras una denuncia de agresión interpuesta por el periodista Vito Quiles. Sin embargo, el material gráfico del incidente y el parte médico posterior no habrían respaldado la versión de una agresión grave, según diversas informaciones. A pesar de ello, el departamento de Marlaska desplegó un dispositivo policial que, según estimaciones del sindicato Jupol, habría costado unos 12.000 euros brutos a las arcas públicas. La tertuliana, conocida por sus posturas afines al Ejecutivo, habría comentado que "la policía se ha portado bien", sin dar detalles del servicio.
El argumento de 'seguridad pública' y 'protección de personas' esgrimido por el Ministerio del Interior para denegar el acceso a los informes se considera insuficiente por los sindicatos policiales. Estos argumentan que, si bien la normativa permite la protección en casos de riesgo grave e inminente, la opacidad actual impide verificar si se han seguido los criterios técnicos y operativos adecuados y si se han detraído efectivos de otras unidades operativas esenciales.
Sindicatos policiales exigen transparencia sobre el uso de recursos
La reacción de los sindicatos de los cuerpos de seguridad no se ha hecho esperar. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido explicaciones detalladas y el acceso a los "informes técnicos" que justifican el despliegue de medios policiales para la protección de Santaolalla. Reclaman "transparencia" al Ejecutivo sobre la asignación de recursos y los criterios que han motivado este operativo, calificado como "excepcional" por la propia instrucción interna.
La Instrucción 3/2025, que el Ministerio utiliza para restringir la información, establece que estas medidas de protección solo deben adoptarse ante un riesgo grave e inminente o tras una valoración técnica exhaustiva. Los sindicatos insisten en conocer las circunstancias concretas que han llevado a activar un servicio de protección de esta magnitud, dado que implica la asignación de recursos policiales limitados que podrían ser necesarios en otras operaciones de mayor calado para la seguridad ciudadana.
Precedente legal dudoso en la ocultación de información
La decisión del Ministerio del Interior de ampararse en la Ley de Secretos Oficiales, una legislación de la época franquista criticada por su carácter restrictivo, plantea serias dudas sobre la transparencia del actual Gobierno. La existencia de una nueva ley de información clasificada, aprobada en 2025, que busca modernizar y limitar los secretos de Estado, hace aún más cuestionable el recurso a normativas obsoletas para ocultar información sobre servicios policiales.
La negativa a facilitar detalles sobre la escolta de Sarah Santaolalla, en lugar de disipar las sospechas, las alimenta. El público y los propios agentes de policía merecen conocer si los recursos públicos se están utilizando de manera eficiente y justificada, especialmente cuando se alegan motivos tan sensibles como la 'seguridad pública'. El Ministerio del Interior tiene la obligación de ser transparente; la opacidad actual solo genera desconfianza y alimenta el debate sobre posibles favoritismos.
