La testigo que sitúa a Montero en un hotel con el expresidente de la SEPI: «Hacían vida de pareja»
Un testigo clave ha declarado ante la Guardia Civil que la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo una relación de pareja con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en un hotel de Cabo de Gata. Los hechos se habrían producido dos años después de que Fernández fuera cesado de su cargo, según publica Libertad Digital.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la investigación de la trama de presuntos amaños de contratos públicos vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La causa, que ya acumula seis meses bajo secreto, ha recibido recientemente un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporta nuevos indicios y ha llevado al magistrado a ampliar las diligencias.
El testimonio que incomoda a Montero
En este contexto, un testigo ha presentado una denuncia ante la Benemérita afirmando que María Jesús Montero y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, compartieron habitación y mantuvieron una relación de pareja en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) entre el 16 y el 19 de agosto de 2021. Esta estancia se produjo dos años después de que Montero cesara a Fernández como presidente de la SEPI en octubre de 2019.
El testigo relata que la entonces ministra de Hacienda se encontraba acompañada por Fernández durante sus vacaciones en el hotel, y que ambos compartían estancia, haciendo "vida de pareja". Esta declaración contradice las afirmaciones previas de Montero, quien habría negado mantener relación con Fernández tras su cese al frente de la SEPI. La información publicada pone de manifiesto una situación que podría resultar extremadamente incómoda para la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía.
La investigación judicial y las críticas a su candidatura
La investigación judicial se centra en presuntos amaños de contratos públicos y ha implicado a figuras como la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Uno de los puntos clave bajo escrutinio es el rescate concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos, una de las cinco adjudicaciones públicas que figuran en el foco de la investigación. El juez Pedraz ha decidido prorrogar el secreto de sumario para permitir la práctica de nuevas diligencias ante la aparición de nuevos investigados y hechos relevantes.
Paralelamente a las informaciones sobre la trama SEPI, han surgido críticas hacia la figura de María Jesús Montero como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Se la describe con un carácter irritable y altivo, y se cuestiona si su perfil es el idóneo para el puesto o para generar un relevo significativo en la política actual. Se señala que su campaña electoral no está generando el respaldo esperado y que sus intervenciones públicas a menudo derivan en polémicas, lo que añade fragilidad a su candidatura.
Estas críticas se suman a la incomodidad generada por las informaciones judiciales, que ponen en tela de juicio su imagen pública y su idoneidad para liderar la comunidad andaluza, en un momento crucial para el PSOE en la región.
El PSOE no está contento con su campaña, pero es difícil que la de una candidata de su perfil resulte exitosa. Sus meteduras de pata constantes, más cercanas a un taconeo político que a un discurso coherente, tampoco ayudan. Montero nunca fue una candidata natural, sino una pieza de la maquinaria socialista andaluza, acostumbrada a recoger resultados sin grandes variaciones. La trama SEPI y las críticas a su candidatura la sitúan en una posición delicada.
