Juez destapa brutalidad y caos en la agencia fiscal de EEUU
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos se desmorona bajo un aluvión de acusaciones que revelan un patrón de brutalidad, detenciones arbitrarias y hasta escándalos sexuales. Una demoledora opinión judicial de 223 páginas ha puesto al descubierto un nivel de caos y abuso de poder que sacude los cimientos de la fiscalidad actual del país, evidenciando la necesidad urgente de una supervisión rigurosa.
La bomba ha estallado con la publicación de un informe judicial que detalla el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales durante una operación de represión migratoria en Chicago, conocida como "Operation Midway Blitz". La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Sara Ellis, ha destripado las narrativas oficiales del gobierno, utilizando grabaciones de cámaras corporales para refutar las versiones de los agentes. Las imágenes muestran escenas escalofriantes: lanzamiento de gases lacrimógenos sin advertencia, disparos con balas de goma a periodistas, placajes a manifestantes y, lo más indignante, agentes riendo mientras la sangre brotaba de la oreja de un manifestante.
Un informe judicial demoledor sobre la actuación de ICE
La opinión de la jueza Ellis es un varapalo directo a la agencia, revelando que los agentes violaron sus propias órdenes que restringían el uso de la fuerza. Este dictamen judicial, que se produce tras una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes, ha puesto en evidencia una operación que ha resultado en más de 3.000 detenciones y que ha estado marcada por la desproporción y el abuso. La magistrada expresó su sorpresa al descubrir que los videos proporcionados por los propios federales contradecían flagrantemente sus relatos, demostrando una falta de control y ética.
Pero el escándalo no se limita a Chicago. La imagen de ICE se ha visto aún más empañada por un suceso que roza lo inimaginable: investigadores de la propia agencia obtuvieron un video en el que una funcionaria federal aparece manteniendo relaciones sexuales con un migrante que se encontraba bajo custodia en California. La grabación, hallada en un dispositivo electrónico de Shantal Hernández, quien ejercía como administradora de casos en la Oficina del Ombudsman de Detención Migratoria (OIDO), es ahora la prueba central en una acusación criminal contra ella.
Abusos sexuales y detenciones dudosas bajo custodia
Hernández, de 36 años, enfrentaba la responsabilidad de atender las quejas de los inmigrantes en el centro de detención de Otay Mesa. Sin embargo, su conducta ha trascendido cualquier límite ético y legal. La denuncia alega que fue descubierta por pasar "una cantidad inusual de tiempo" con el migrante. Detectives de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de ICE confirmaron conversaciones "sexualmente explícitas" a través de registros telefónicos. Si es declarada culpable, Hernández podría enfrentarse a una condena de hasta 15 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Este suceso subraya una alarmante vulnerabilidad de los migrantes bajo custodia y la imperiosa necesidad de una supervisión fiscal externa.
A estos casos se suma la denuncia de la familia de Gerardo Reyes, un inmigrante mexicano trasladado a un centro de detención de ICE en Texas tras ser arrestado en un control policial. Su familia ha exigido transparencia y sanciones más severas para el agente Jaciel Cortina, quien lo detuvo. La policía de San Marcos suspendió temporalmente a Cortina por 24 horas, mientras se investiga su conducta. El agente incurrió en tres violaciones del reglamento, incluyendo la presentación de información inexacta y la falta de una investigación adecuada antes del arresto. La esposa de Reyes, Sanjuana Escalante, ha calificado las sanciones de insuficientes, sintiéndose "escupida en la cara" por la falta de asunción de responsabilidad.
Ciudadanos estadounidenses en el punto de mira de ICE
La polémica escala aún más con las acusaciones de la familia Salisbury, que denuncia una "detención racista y violenta" de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de ICE. Dos jóvenes latinos, Edwin Godínez y Yair Alexander Nápoles, ambos ciudadanos de EE. UU., sufrieron un encuentro traumático con agentes de ICE en Salisbury, Carolina del Norte. Grabaron la interacción con sus teléfonos, un derecho constitucional que, según sus abogados, fue violado cuando un agente les ordenó guardar el móvil. La madre de los jóvenes, De la Rosa, grabó la escena de su vehículo rodeado por varios agentes, uno de los cuales le exigió mantener la distancia. "Todo este caos podría haberse evitado", afirmó, mientras los abogados hablan de una clara violación de los derechos constitucionales.
Estos incidentes, aunque diversos, pintan un panorama inquietante sobre las prácticas de ICE y la falta de una rendición de cuentas efectiva. Desde el uso desmedido de la fuerza y la violación de derechos hasta el abuso sexual de detenidos y las detenciones arbitrarias, la fiscalidad actual de la agencia está bajo un escrutinio sin precedentes. La exigencia de transparencia y sanciones ya no es solo una petición de las víctimas, sino un clamor generalizado ante un sistema que parece descontrolado y que requiere una intervención urgente para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.
