Iustitia Europa querella al Gobierno por el rescate de Plus Ultra y arrastra a Sánchez al Supremo
El partido político Iustitia Europa ha dado un golpe sobre la mesa que sacude los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación ha formalizado una querella ante el Tribunal Supremo, apuntando directamente al Consejo de Ministros en pleno, por su luz verde al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Una acción legal que pone en el punto de mira una decisión clave de marzo de 2021 y que se apoya en un auto judicial que ya salpicó a un expresidente del Gobierno.
La querella de Iustitia Europa no es un movimiento aislado. El partido, conocido por ejercer la acusación popular en sonados casos de corrupción que cercan al Ejecutivo, ha decidido ir a por todas. Su objetivo: que la justicia investigue la responsabilidad de todos los ministros que, el 9 de marzo de 2021, aprobaron la inyección de 53 millones de euros a Plus Ultra, una compañía aérea que, según las sospechas, no cumplía los requisitos para recibir fondos públicos.
El Auto que destapó la trama
El detonante de esta ofensiva legal es el auto del magistrado José Luis Calama, que ya supuso la imputación de un expresidente del Gobierno. Dicho auto, en el que se basa Iustitia Europa, sugiere que la concesión de esos 53 millones de euros, procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), pudo ser una “resolución administrativa arbitraria o condicionada por influencias”.
El juez Calama atribuye al exlíder socialista el liderazgo de una supuesta “organización criminal” dedicada a la “obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Una acusación gravísima que ahora Iustitia Europa traslada al máximo órgano judicial, buscando responsabilidades en el corazón del Gobierno.
Un rescate bajo sospecha
La querella subraya que la decisión de rescatar Plus Ultra no fue un mero acto político discrecional, sino una resolución administrativa que debía ajustarse a estrictos presupuestos. La formación sostiene que el acuerdo del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez podría encajar en la “doctrina del Tribunal Supremo sobre el ‘torcimiento del derecho’ y la ‘ceguera deliberada’”. Es decir, que los ministros habrían actuado con conocimiento de causa o con una negligencia tan flagrante que rayaría la arbitrariedad.
La disposición de 53 millones de euros en un contexto de crisis sanitaria y económica, y con una aerolínea en el punto de mira por su dudosa viabilidad y conexiones, justifica plenamente, según Iustitia Europa, la intervención de la acusación popular. La sospecha es clara: el dinero público se habría usado de forma irregular, beneficiando a una empresa con vínculos opacos.
El Supremo, nuevo campo de batalla
Con esta querella, el Tribunal Supremo se convierte en el nuevo escenario de una batalla legal que promete ser larga y compleja. La actuación de Iustitia Europa eleva la presión sobre el Gobierno de Sánchez, que ya se enfrenta a múltiples frentes judiciales. La sombra de la corrupción y el tráfico de influencias planea ahora sobre una de las decisiones económicas más controvertidas de la legislatura.
La acción de Iustitia Europa busca una responsabilidad penal individualizada dentro de un órgano colegiado, una tesis que el Supremo deberá analizar con lupa. Este movimiento legal podría abrir una nueva caja de Pandora, forzando a los miembros del Consejo de Ministros a dar explicaciones sobre un rescate que, desde el primer momento, levantó ampollas y generó serias dudas sobre su legalidad y transparencia.
