El Congreso reactiva la ley de nacionalidad saharaui tras un año de bloqueo
La legislatura actual en España ha sido testigo de un giro inesperado en uno de sus frentes más prolongados: la proposición de ley para otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y a sus descendientes. Tras un año de bloqueo absoluto, la iniciativa, impulsada por Sumar, ha conseguido reactivarse y afronta ahora su tramitación en ponencia en el Congreso de los Diputados. Este avance, que se materializa con la convocatoria de la citada ponencia para el próximo 28 de abril, supone un respiro para una ley que parecía destinada al olvido parlamentario.
La proposición de ley fue admitida a trámite en febrero de 2025, recibiendo el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que votó en contra, y Vox, que optó por la abstención. Desde entonces, la iniciativa ha permanecido estancada en la Comisión de Justicia, presidida por los socialistas. Estos han sido señalados por Sumar como los principales responsables del bloqueo. Las sucesivas ampliaciones del periodo de enmiendas mantuvieron la ley en un limbo, a pesar de los esfuerzos de sus impulsores por acelerar su recorrido.
El desbloqueo de esta ley llega en un momento significativo, coincidiendo con el inicio del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno. Fuentes de Sumar y del PSOE han confirmado la convocatoria de la ponencia, un paso crucial que permitirá la elaboración del informe preceptivo. Este evento marca el fin de un periodo de inacción que ha generado frustración entre los defensores de la norma. Estos argumentan que la exclusión de los saharauis en procesos de regularización previos evidenciaba una clara discriminación.
Sumar impulsa la reactivación de la ley
La presión ejercida por Sumar ha sido un factor determinante para sacar la ley del cajón. Diputados como Enrique Santiago, portavoz de Sumar en la comisión de Interior, han manifestado la insistencia de su grupo en esta cuestión. Han calificado de “enfado” la exclusión de los saharauis en la reciente regularización de migrantes. La relación entre la ley de nacionalidad y la política exterior española respecto al Sáhara Occidental, especialmente tras el giro dado por el presidente Sánchez en 2022 apoyando los planes autonomistas de Marruecos, ha sido un telón de fondo constante en este debate.
Próximos pasos en la tramitación parlamentaria
El calendario que se abre ahora prevé que, tras la elaboración del informe de ponencia, se proceda a la aprobación del dictamen en comisión. Posteriormente, el texto será elevado al pleno del Congreso para su votación definitiva. Los impulsores de la norma expresan confianza en que la aprobación final se produzca en un plazo relativamente corto, a pesar de las tensiones históricas con el PSOE. La legislatura actual pone de manifiesto la complejidad de las negociaciones parlamentarias y la influencia de factores externos en la tramitación de leyes sensibles.
Este avance en la ley de nacionalidad saharaui se produce en un contexto de alta actividad legislativa. Durante 2025, se aprobaron o modificaron un total de 1.411 textos normativos, lo que supuso una media de 3,8 nuevas normas diarias que afectaron a los comercios. Esta avalancha regulatoria subraya la intensidad del trabajo parlamentario. Sin embargo, la ley de nacionalidad saharaui ha sido una de las que más tiempo ha permanecido en dique seco, evidenciando las dificultades para alcanzar consensos en temas de calado social e histórico.
El fin de ciclo y la parálisis gubernamental se evidencian también con dramatismo en el ámbito de la cultura pública, con leyes y reformas que se mantienen en el limbo.
La presión legislativa sobre el comercio bate un nuevo récord en 2025: 3,8 nuevas normas cada día.
Durante 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 textos normativos (leyes, reglamentos u otro tipo de normas jurídicas de distinto signo), lo que significa que cualquier comercio tuvo que conocer y ejecutar 3,8 nuevas normas cada día. De este modo, se marca un nuevo récord en la presión normativa, que no deja de crecer desde el año 2022. Si incluimos la situación excepcional derivada de la pandemia de la Covid, el incremento se remonta a 2020.
Con seis años consecutivos de incremento de la carga normativa, estamos muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando el número era de 476”, dijo Alberto Peironcely, director de Asuntos Legislativos de ACES, la asociación representativa de los supermercados y mayoristas de alimentación de España, que ha elaborado este estudio con datos de la consultora WorldLex.
