Illa, entre la cesión del IRPF y el chantaje de ERC
El futuro de la gestión fiscal en Cataluña está en vilo, con Salvador Illa, líder del Govern, en medio de un complejo tablero de negociaciones. La cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat, una de las exigencias clave de ERC para aprobar los presupuestos, se ha convertido en un auténtico pulso político entre republicanos y PSOE. ERC amenaza con bloquear las cuentas si no se avanza en la cesión de este impuesto.
Fuentes socialistas dejan la puerta abierta a esta cesión, pero la enmarcan estrictamente dentro de las conversaciones presupuestarias. La portavoz del partido, Montserrat Mínguez, ha sido clara: "la cesión va condicionada al presupuesto" y serán los equipos negociadores quienes aborden los detalles. Esta postura, si bien no cierra la puerta, diluye la inmediatez que ERC parece buscar.
La Hacienda catalana: ¿un plan a futuro o una exigencia inmediata?
Mientras tanto, la Generalitat ha dado un paso firme hacia la consolidación de su propia Hacienda. El objetivo es que el "despliegue total" de la capacidad de gestión y recaudación del IRPF culmine en 2029. El Govern aprobó recientemente un contrato programa que dotará de mayores recursos técnicos y humanos a la Agencia Tributaria catalana. La previsión es que la recaudación del IRPF comience de forma progresiva en 2028. Sin embargo, este ambicioso calendario está supeditado a reformas legislativas en el Congreso de los Diputados.
El quid de la cuestión reside en el acuerdo entre PSOE y ERC sobre el redactado exacto de estas reformas. La falta de consenso en este punto clave frena el avance, a pesar de los esfuerzos y reuniones entre los líderes. Salvador Illa, consciente de la urgencia por aprobar los presupuestos, se encuentra en una posición delicada, buscando equilibrar las demandas de sus socios y las limitaciones del marco legal estatal.
El modelo de financiación autonómica: el campo de batalla
La cesión del IRPF a Cataluña se produce en un contexto de profunda reforma de la financiación autonómica. El Gobierno central ha anunciado un nuevo sistema que contempla una mayor cesión de impuestos a las comunidades, incluyendo el IRPF y el IVA. La aportación estatal será de 21.000 millones de euros. Este modelo ha generado controversia al garantizar el principio de ordinalidad para Cataluña, asegurando que su aportación se corresponda con su recepción de fondos. Este principio no se aplicará al resto de autonomías.
Esta medida, que beneficia explícitamente a Cataluña y Andalucía, ha sido recibida con rechazo por otras comunidades. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reforzado su política fiscal con una nueva bajada del IRPF autonómico para 2027. También ha blindado el relevo en la empresa familiar con una bonificación del 99% en Sucesiones. Esta estrategia madrileña contrasta con la complejidad de las negociaciones que Illa debe gestionar en Cataluña.
El futuro de las cuentas públicas catalanas y la consolidación de la Hacienda propia dependen ahora de la habilidad de Salvador Illa para navegar entre las exigencias de ERC, la prudencia del PSOE y el complejo entramado de la financiación autonómica. La partida está en juego, y cada movimiento político tendrá repercusiones directas en el autogobierno y la economía de Cataluña.
En paralelo, la investigación sobre el PSOE salpica a Salvador Illa: la Audiencia Nacional pide la documentación de la campaña electoral del PSC de 2024. El juez instructor Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO que requiera al PSOE toda la documentación relacionada con la campaña del PSC de 2024 para las elecciones al Parlament de Cataluña. Unos comicios celebrados el 12 de mayo que permitieron a Illa alcanzar la presidencia de la Generalitat tras derrotar al hasta entonces jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, de ERC.