La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz y busca pruebas de una trama judicial
La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid ha sido objeto de un registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La acción judicial, ordenada por la Audiencia Nacional, se enmarca en la investigación de una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido. Simultáneamente, la UCO ha acudido a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre si se ordenó expedientar a agentes que investigaron al PSOE.
Las pesquisas, dirigidas por el teniente coronel Balas, buscan determinar si hubo maniobras internas en la Benemérita para sancionar a los investigadores de casos como el de los Ábalos y Cerdán, que finalmente se cerraron sin sanción. Estos expedientes, abiertos hace aproximadamente dos años, estarían en el punto de mira de la UCO, que pretende esclarecer si existió una orden para represaliar a los agentes implicados en dichas investigaciones. La información solicitada en la Dirección General es crucial para comprender el alcance de estas supuestas represalias y la posible implicación de mandos.
El juez Santiago Pedraz, al frente de la investigación, ha ampliado la causa a raíz de la exmilitante socialista Leire Díez, considerada una pieza clave en la supuesta operación de fontanería del partido. Según la cobertura judicial disponible, se investiga si el PSOE realizó pagos, que superarían los 188.000 euros, a través de facturas falsas para financiar acciones destinadas a obstaculizar o desprestigiar a jueces, fiscales y a la propia UCO. El objetivo, según los indicios, era atacar la correcta dirección de las investigaciones que acorralaban a la formación política.
Como consecuencia de estas diligencias, el juez ha decidido imputar a varias figuras relevantes del partido. Entre los señalados se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías, y la gerente del partido, Ana Fuentes. También ha sido imputado el empresario Javier Pérez Dolset. Las imputaciones se centran en delitos como organización criminal, cohechos, revelación de secretos y falsedad documental, entre otros, lo que supone un salto mayúsculo en el alcance de las pesquisas judiciales.
La jornada de este miércoles ha estado marcada por la tensión política y la presión sobre el partido. A pesar de la gravedad de las acusaciones y las operaciones policiales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado la convocatoria de elecciones en su comparecencia. Sánchez ha defendido la actuación de la Justicia y ha recalcado que la actuación policial es un ejercicio de transparencia, aunque la oposición y voces críticas dentro del propio partido exigen explicaciones detalladas. La complejidad de la trama y las conexiones entre la sede socialista, la Dirección General de la Guardia Civil y las imputaciones a dirigentes socialistas configuran un escenario de máxima atención informativa en España.
La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en el marco de la investigación sobre una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al partido. La operación se extiende a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre posibles expedientaciones a agentes que investigaron al partido socialista. La Audiencia Nacional coordina estas diligencias, que buscan esclarecer si existieron maniobras internas para sancionar a los investigadores de casos sensibles para el PSOE.
El juez Santiago Pedraz ha ampliado la investigación tras la declaración de una exmilitante, quien ha aportado detalles sobre una supuesta operación del partido para influir en procedimientos judiciales. Se indaga el uso de fondos del PSOE, presuntamente superiores a 188.000 euros, para financiar acciones destinadas a desprestigiar a jueces, fiscales y a la propia UCO. El objetivo de esta presunta trama era, según los indicios, desviar el curso de las investigaciones que comprometían a la formación política.
Entre las personas imputadas por el juez se encuentran figuras destacadas del partido como Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana Fuentes, además del empresario Javier Pérez Dolset. Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohechos, revelación de secretos y falsedad documental, lo que evidencia la seriedad de la causa. Estas imputaciones representan un avance significativo en las pesquisas y aumentan la presión sobre la cúpula del PSOE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la transparencia de la actuación policial y ha rechazado la convocatoria de elecciones, a pesar de la gravedad de los hechos y las críticas de la oposición. La situación genera una alta expectación mediática y política, con la ciudadanía demandando clarificaciones sobre la presunta trama y sus implicaciones para la institución socialista.
