Comisión de Venecia destapa la ‘impunidad’ en Perú y señala a España por corrupción
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha lanzado una contundente advertencia sobre el paquete de leyes penales aprobado por el Congreso de la República de Perú. El organismo señala que estas normativas podrían generar un escenario de “impunidad” en casos de violaciones de derechos humanos y corrupción. Este órgano, referente en la supervisión de la calidad democrática, ha examinado diversas normativas peruanas. Entre ellas, la Ley 32107 que introduce la prescripción para delitos cometidos antes de 2002, o las leyes 32108 y 32138 que modifican el concepto de “organización criminal”, limitando así herramientas de investigación.
La Ley 31990 también restringe la colaboración eficaz, mientras que la Ley 32326 condiciona la extinción de dominio a una condena penal firme. Aunque cada reforma pueda parecer defendible de forma individual, su efecto combinado, según los expertos, podría mermar la capacidad judicial para abordar la delincuencia grave y la corrupción sistémica.
Perú bajo la lupa: el riesgo de la impunidad penal
La Comisión de Venecia ha detallado su preocupación por el impacto de las recientes leyes penales peruanas. La prescripción acelerada de delitos y la redefinición de organización criminal son puntos críticos. Estos cambios legislativos, según el organismo, dificultan la persecución de casos complejos y la sanción de responsables. La comisión Venecia alerta impunidad en Perú ante este panorama legislativo, que podría erosionar los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
España, bajo escrutinio por corrupción
Este pronunciamiento sobre Perú llega en un momento sensible para España. El país se encuentra también bajo el escrutinio del Consejo de Europa. El organismo ha elevado el tono de sus advertencias al Gobierno español por el incumplimiento reiterado de las recomendaciones para prevenir la corrupción. A pesar de que España ha avanzado en 16 de las 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el Consejo de Europa insta a adoptar las medidas pendientes “sin demora”.
Estas recomendaciones abarcan la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales, así como la integridad en gobiernos centrales y fuerzas de seguridad. El incumplimiento de estas directrices por parte de España se remonta a 2014, evidenciando una persistente brecha en la lucha contra la corrupción que la Comisión de Venecia ha decidido señalar.
Nombramientos polémicos y mediación institucional
La propia representación española en la Comisión de Venecia ha generado controversia. El Gobierno ha sido criticado por su política de nombrar a personas afines en puestos clave. El último caso apunta a la designación de Itziar Gómez como representante española para los próximos cuatro años. Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional, tiene vínculos con figuras relevantes del ámbito judicial progresista, pero su nombramiento ha suscitado debate al no ostentar aún la cátedra universitaria, a pesar de estar acreditada. Esta decisión se enmarca en una estrategia gubernamental de colocar a personas de confianza en diversas instituciones, tanto estatales como supranacionales.
La Comisión de Venecia, además de sus informes sobre legislación, actúa como un árbitro en disputas institucionales. Un ejemplo reciente es la intervención del presidente de Hungría, Tamas Sulyok, quien ha recurrido a este órgano para mediar en su conflicto con el primer ministro Péter Magyar. La disputa se centra en las presiones para la dimisión del presidente y las implicaciones de esta situación en el orden constitucional húngaro y en la obtención de fondos europeos. La Comisión de Venecia se perfila, una vez más, como un actor clave en la salvaguarda de los principios democráticos y el Estado de Derecho, tanto en Europa como en América Latina.
El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, ha recurrido a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para resolver su disputa con el nuevo primer ministro, Péter Magyar. Magyar le ha presionado desde que asumió el cargo a principios de mayo para que dimita por su cercanía con el anterior jefe del Ejecutivo, Viktor Orbán. Los llamamientos sobre la destitución del jefe de Estado por motivos políticos, que resultan incomprensibles, crean una situación seriamente contradictoria en el orden constitucional actual, afectando negativamente al funcionamiento y a la autoridad de la institución presidencial. El primer ministro ha expresado públicamente sus preocupaciones sobre un posible veto en el proceso legislativo necesario para obtener los fondos bloqueados de la Unión Europea, amenazando con destituirle modificando la Constitución gracias a la mayoría de su partido, Tisza, en el Parlamento. Sulyok, como patriota, está comprometido a garantizar que Hungría reciba cuanto antes los fondos de la UE, y defiende que nunca ha obstaculizado el funcionamiento de las ramas del poder, reiterando su disposición a cooperar con el Gobierno y el Parlamento.