Conde-Pumpido, ‘desencajado’ por la imputación de Zapatero: el TC crea un ‘gabinete de crisis’
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, atraviesa un momento de profunda inquietud. Fuentes internas del alto tribunal describen al magistrado como "desencajado" y "muy afectado" tras conocer la imputación de su amigo íntimo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el conocido como 'caso Plus Ultra'. La noticia, que sacudió la actualidad el pasado 19 de mayo, ha golpeado especialmente a Conde-Pumpido, cuya amistad con Zapatero se remonta a su etapa como fiscal general del Estado, manteniendo una relación de estrecha confianza y comunicación fluida.
La investigación judicial, liderada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, se centra en el presunto blanqueo de capitales y el uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en concepto de rescate durante la pandemia. Zapatero ha sido imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros. Deberá comparecer ante el juez el próximo 2 de junio.
Conde-Pumpido crea un 'gabinete de crisis' para blindar al Gobierno
Ante este panorama judicial que rodea a figuras políticas cercanas, Conde-Pumpido ha decidido tomar cartas en el asunto desde su posición al frente del Tribunal Constitucional. El presidente de la Corte de Garantías, cuyo mandato ha sido prorrogado hasta septiembre, ha puesto en marcha la creación de un grupo de trabajo específico. El objetivo de esta iniciativa es unificar y dar una respuesta coherente a todos los conflictos de competencias que se plantean contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta medida subraya la delicada situación institucional y la estrategia del Constitucional para gestionar las crisis que afectan al Ejecutivo. El TC ha admitido recientemente a trámite varios conflictos entre órganos constitucionales. Uno de ellos es el interpuesto por el Senado frente al Acuerdo del Consejo de Ministros que rechazó la comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Rodalies.
La formación de este grupo de trabajo, junto al estado anímico de Conde-Pumpido, dibuja un escenario de máxima tensión en las altas esferas judiciales y políticas. La imputación de Zapatero, un hombre clave en la historia reciente de España, y la implicación de otras figuras políticas han generado un clima de preocupación que se traslada hasta la presidencia del máximo órgano de garantías constitucionales del país.
El TC busca una respuesta unificada ante la presión política y judicial
El Tribunal Constitucional se enfrenta así a un desafío mayúsculo. No solo debe gestionar los conflictos institucionales, sino también la presión que genera el contexto político y judicial. La respuesta unificada que busca Conde-Pumpido con su nuevo grupo de trabajo pretende ser un escudo frente a las embestidas que recibe el Gobierno. La sombra de la justicia se cierne sobre algunos de sus más estrechos colaboradores.
Conde-Pumpido forma un grupo de trabajo para dar respuesta única a todos los conflictos planteados contra el Gobierno. El presidente de la Corte de Garantías, prorrogado en su mandato hasta el próximo mes de septiembre, mantiene un «perfil bajo». Busca la fórmula para avalar, entre otras, la negativa de Sánchez a comparecer en el Senado por el accidente de Adamuz.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, en el Pleno celebrado este jueves, el conflicto entre órganos constitucionales interpuesto por el Senado frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2026. Este acuerdo rechazó el requerimiento formulado por la Cámara Alta en relación con la no celebración de la comparecencia del Presidente del Gobierno del pasado 29 de enero. La comparecencia era para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y de Rodalies, en Cataluña.
La mayoría absoluta del Partido Popular aprobó acudir al TC argumentando que Pedro Sánchez no acudió a un Pleno extraordinario pese a estar citado para hablar sobre sendas tragedias. Tras la negativa del jefe del Ejecutivo, el titular del Senado, Pedro Rollán, llegó a mandar una carta al jefe del Ejecutivo, advirtiéndole de «consecuencias jurídicas» si se ausentaba, como finalmente sucedió.
Además, también se aceptaba el conflicto presentado por el Senado, con mayoría absoluta del PP. Este conflicto se interponía frente al Acuerdo de disconformidad, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, de fecha 15 de septiembre de 2025. Dicho acuerdo se refería a la tramitación de la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario del PP. Esta enmienda introducía una disposición adicional en el Proyecto de Ley para modificar la Navegación Aérea y la Seguridad Aérea en España.
