Pedro J. Ramírez, obligado a demoler su piscina y embarcadero en Mallorca
El Govern balear ha dado un paso contundente contra las instalaciones del periodista Pedro J. Ramírez en Mallorca. La Dirección General de Costas ha ordenado la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero del director de El Español, situados en la exclusiva zona de Costa dels Pins, en el municipio de Son Servera. La decisión busca erradicar la ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre y se fundamenta en sentencias judiciales firmes que anulan las autorizaciones originales otorgadas a principios de siglo.
La orden de derribo pone fin a una larga controversia legal que se remonta a 2001. Entonces, una orden ministerial firmada por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, permitió la construcción de estas edificaciones en una finca de 350 metros cuadrados ubicada en terreno protegido por la legislación de costas. Desde su inicio, la concesión generó considerable polémica política y social, y ahora la justicia ha dictaminado su cese.
La base legal para la demolición reside en una sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo al rechazar admitir a trámite un recurso posterior. Estas resoluciones judiciales declararon nulas las órdenes ministeriales que amparaban el uso de las instalaciones, dejando claro que invadían el dominio público. Tras años de litigio, la resolución es firme y el Govern balear debe ejecutarla.
El periodista deberá ejecutar el derribo
Lo más llamativo es que, según se desprende de la información, será el propio periodista quien deberá solicitar y tramitar las licencias pertinentes para llevar a cabo la demolición de sus propias instalaciones. Una vez obtenidas, asumirá la ejecución de las obras, cumpliendo así el mandato judicial.
Este episodio se suma a la compleja figura pública de Pedro J. Ramírez, quien recientemente ha estado en el centro del debate político nacional. El periodista ha sido crítico con la gestión del Gobierno y del PSOE, especialmente en relación con los casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo. Ramírez ha opinado que un adelanto electoral no sería suficiente para solucionar la crisis de confianza, sugiriendo que la dimisión de Pedro Sánchez sería un paso necesario.
Sus declaraciones reflejan una profunda preocupación por la situación política y la transparencia. Ha calificado el auto del juez Santiago Pedraz sobre el 'caso Zapatero' como un "antes y un después" en la investigación de la corrupción, y ha señalado que "los ciudadanos no pueden soportar que alguien sobre el que pesa la sospecha de haber intervenido en una trama vuelva a ser candidato".
Enfrentamientos mediáticos y judiciales
La relación de Pedro J. Ramírez con la justicia y los medios de comunicación también ha sido objeto de atención. No es la primera vez que su periódico, El Español, se ve envuelto en polémicas con figuras judiciales. Hace años, el medio y el juez Santiago Pedraz protagonizaron un sonado enfrentamiento a raíz de un artículo que informaba sobre una causa en la que el magistrado había exonerado de corrupción a una constructora, generando un cruce de declaraciones y tuits.
La demolición ordenada por el Govern balear en Mallorca para las instalaciones de Pedro J. Ramírez no solo afecta a su patrimonio personal, sino que también subraya la aplicación de la ley de costas y el cumplimiento de las sentencias judiciales, incluso para figuras mediáticas de primer orden.
Ramírez declaró: "Es mejor que Pedro Sánchez no dimita y se agote la legislatura porque en 10 meses sabremos". Reconoce que está "conmocionado" tras conocerse el sumario del 'caso Zapatero' y especialmente después de leer el auto del juez Pedraz "que marca un antes y un después en la investigación de la corrupción del Gobierno". "Hasta ahora exigíamos que Sánchez asumiera sus responsabilidades políticas". "A Sánchez le ha estallado su 'Watergate' y aquí no estamos solo ante la financiación por parte de la estructura del PSOE de una trama para obstaculizar la acción de la justicia en la que intervenía Santos Cerdán. Esto levanta la sospecha de una responsabilidad penal", afirma el periodista. "Los ciudadanos no pueden soportar que alguien sobre el que pesa la sospecha de haber intervenido en una trama vuelva a ser candidato". Al director de El Español le parece que convocar elecciones por sí mismo no sería suficiente.