Dos magistrados claman: «Amnistía administrativa» del Gobierno a inmigrantes
La guerra interna en el Tribunal Supremo por la controvertida regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno ha estallado. Dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han alzado la voz en un voto particular, calificando el decreto como una auténtica "amnistía administrativa" encubierta y criticando duramente a sus compañeros por no haber paralizado la medida.
Dos magistrados claman contra la "amnistía administrativa"
Los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román han emitido un voto particular demoledor contra la decisión mayoritaria del alto tribunal de desestimar la suspensión cautelar del decreto que facilita la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Según su criterio, el texto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez choca frontalmente con la normativa europea y supone, en la práctica, una "amnistía administrativa" encubierta. Consideran que el hecho de que la concesión de la autorización implique el archivo de procedimientos de expulsión o devolución es una forma de "olvido" de las sanciones, lo que contraviene los objetivos del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE y la Directiva de Retorno.
La mayoría del Supremo rechaza la suspensión cautelar
Sin embargo, la mayoría de la Sala, compuesta por cinco votos a favor frente a dos en contra, ha decidido no paralizar la medida. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los autos en los que se rechaza la suspensión cautelar del decreto, desestimando así los argumentos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y otras asociaciones. El alto tribunal argumenta que no existe "el más mínimo atisbo de perjuicio" para valores fundamentales como la democracia, la Constitución, la familia o la dignidad de la persona. La Sala considera que no se trata de situaciones jurídicas "irreversibles" y pone en valor los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado.
Argumentos de la Abogacía del Estado: "Interés general"
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha defendido con firmeza la regularización, alegando que el "interés general" se vería "gravemente dañado" si se suspendiera la medida. Destacan los aspectos humanitarios, económicos, demográficos, culturales y sociales de la regularización. Según el auto, la "incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente". La sala coincide en que estos argumentos son sólidos y no aprecian un perjuicio inmediato que justifique la suspensión cautelar, incluso rechazando el argumento de Vox sobre la alteración del mapa electoral.
El eco de la decisión
Esta decisión del Tribunal Supremo, que se produce tras rechazar también la pretensión de Baltasar Garzón de ser readmitido como juez, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria del Gobierno. Mientras la mayoría del alto tribunal considera que la regularización no causa un perjuicio irreversible y defiende sus beneficios económicos y sociales, la disidencia de dos magistrados apunta a posibles conflictos con la normativa europea y a una calificación de "amnistía administrativa" que sin duda generará debate político y jurídico en las próximas semanas. La resolución final sobre el fondo del asunto aún está pendiente, pero el golpe de timón dado por el Ejecutivo parece, por ahora, inamovible ante la justicia.
Dos magistrados del Supremo alertan de que la regularización de inmigrantes es una «amnistía administrativa». Wenceslao Olea y Fernando Román, en un voto particular, consideran que sus compañeros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberían haber paralizado el decreto del Gobierno porque se trata, a su juicio, de una «amnistía administrativa" encubierta.
Los dos magistrados discrepan de la decisión mayoritaria de desestimar la suspensión cautelar del decreto, solicitada por Vox, la Comunidad de Madrid y varias asociaciones. Consideran que dos disposiciones del decreto chocan con el derecho de la Unión Europea, lo que justificaría elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En su opinión, el hecho de que la concesión de la autorización conlleve el archivo del procedimiento de expulsión o devolución implica privar de efectos a resoluciones administrativas firmes, lo que supone una forma de «olvido» de la sanción.
