Aragón aplica la ‘prioridad nacional’ xenófoba de Vox: retira fruta extranjera de colegios
La 'prioridad nacional', esa bandera xenófoba y racista que PP y Vox han elevado a los altares de su acuerdo de gobierno, ha comenzado a tener consecuencias tangibles en Aragón. La ultraderecha ya marca la agenda en el Ejecutivo autonómico que preside Jorge Azcón. La consejera de Agricultura, la voxista Arancha Simón, ha sido la encargada de dar el primer golpe sobre la mesa: la retirada de la fruta de origen extracomunitario de los centros escolares.
La decisión, anunciada por Simón, supone el desistimiento de los contratos del programa de consumo de fruta y hortaliza en los colegios. La consejera ha argumentado que es "inadmisible" que una iniciativa pública incluya productos de terceros países cuando en Aragón se produce fruta de "calidad excepcional". "No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional", defendió Simón en su primera comparecencia en las Cortes. Afirmó que intentarán recuperar la fruta "con producto de aquí".
Esta medida convierte un programa educativo y alimentario en una nueva trinchera de la guerra cultural impulsada por Vox. Bajo el envoltorio del "producto local", se esconde la esencia del "los españoles primero" que PP y Vox han situado en el centro de su pacto de gobierno. La decisión, lejos de ser un acto de patriotismo agrario, como han advertido Ecologistas en Acción, es la constatación de que la ideología de la extrema derecha ya influye directamente en las políticas públicas aragonesas.
El pacto PP-Vox exporta su ideología xenófoba
Aragón no es un caso aislado. La estrategia de Vox de imponer la 'prioridad nacional' se ha replicado en otros territorios donde han cerrado acuerdos con el Partido Popular. Castilla y León, bajo el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, ya prepara su propio pacto con Vox, siguiendo los pasos de Extremadura y Aragón. Los acuerdos firmados calcan medidas como la 'prioridad nacional' y la oposición al reparto de inmigrantes, el rechazo a Mercosur y a la Agenda 2030. Vox busca ocupar puestos clave, como vicepresidencias y consejerías, para asegurar la implementación de su agenda.
El pacto extremeño fue la gran novedad, pero el documento aragonés deja claras las líneas maestras que se repiten casi con absoluta literalidad. La 'prioridad nacional' se ha convertido en la ventana a la que miran los populares para anticipar la ola de medidas que se acordarán en futuros pactos. La redacción en Extremadura y Aragón es casi idéntica, lo que demuestra la coordinación de Vox en la imposición de sus postulados.
La UE investiga la legalidad de la medida
La 'prioridad nacional' pactada por PP y Vox en Aragón y Extremadura ha traspasado fronteras y ha llegado a la Comisión Europea. Europarlamentarios de PSOE y Compromís han formulado sendas consultas para determinar si esta medida contradice la normativa comunitaria en materia de igualdad y no discriminación. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa, solicitando a la Comisión que dictamine la legalidad del punto acordado por PP y Vox.
"La carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación por origen étnico o social o pertenencia a minorías", ha afirmado López Aguilar. Considera que la 'prioridad nacional' choca no solo con la normativa europea, sino también con la Constitución española. La iniciativa de Vox pretende crear una "barrera discriminatoria" entre una supuesta "españolidad de pura cepa" y el resto, sentando un peligroso precedente.
El Gobierno de Aragón escenifica unidad ante las críticas
A pesar de las críticas y las consultas a la Comisión Europea, el Gobierno de Aragón, formado por PP y Vox, ha escenificado unidad en su primera sesión de control en las Cortes. Ante la batería de preguntas de Chunta Aragonesista (CHA), los consejeros, tanto del PP como de Vox, evitaron concretar cómo se aplicará el principio de "arraigo" en el reparto de ayudas, pero defendieron conjuntamente la 'prioridad nacional'.
La estrategia de la oposición, liderada por CHA, se estrelló contra un muro de respuestas coordinadas. Los consejeros del PP se ampararon en el respeto a la legalidad y al "arraigo", mientras que los representantes de Vox defendieron el mismo principio sin salirse del marco legal. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro (PP), fue claro al verbalizar la táctica: "Buscan que alguno de nosotros desbarremos". Sin embargo, la unidad escenificada no oculta la deriva xenófoba que el pacto PP-Vox está imprimiendo en Aragón, con consecuencias directas para la ciudadanía.