El Consejo de Estado, el guardián secreto que avala el 98,9% de las leyes del Gobierno
El Consejo de Estado, esa institución discreta pero todopoderosa, se erige como el guardián silencioso de la legalidad en España. Un organismo con cinco siglos de historia que, lejos de los focos, dicta el rumbo de la mayoría de las normas que llegan al Gobierno. Los datos son contundentes: el 98,9% de las leyes, normas y reglamentos que el Ejecutivo remite a este órgano acaban siguiendo su dictamen. Una cifra espectacular que subraya su influencia y la confianza depositada en su criterio, especialmente en tiempos convulsos.
El órgano consultivo que marca el paso del Ejecutivo
En una era marcada por la polarización y el debate constante, el Consejo de Estado representa un bastión de razonamiento técnico y jurídico. Su presidenta, en una reivindicación casi contracultural, ha puesto el foco en la importancia de someter el poder al análisis riguroso, frente al "ruido partidista" que a menudo domina la política contemporánea. "No legislamos, no decidimos, no sentenciamos, no escribimos tratados y, sin embargo, durante 500 años (…) hemos estado acompañando al poder tratando de meterlo en razón", sentenció, definiendo a la perfección el papel de esta institución.
Esta alta tasa de cumplimiento de sus dictámenes por parte del Gobierno, que roza el 99%, no es un hecho baladí. Demuestra que, más allá de las discrepancias políticas, existe un consenso fundamental en la necesidad de que las leyes pasen por un filtro de rigor y legalidad. En palabras de Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, esta sumisión del Ejecutivo a los pareceres del Consejo de Estado es una "joya de raciocinio, de convivencia" en los tiempos que corren.
Cinco siglos de historia y un papel clave en la política actual
Fundado por Carlos I hace cinco siglos, el Consejo de Estado ha sido testigo y actor de la evolución institucional de España. Su longevidad y capacidad de adaptación le han permitido sobrevivir a cambios de régimen, constituciones y crisis, consolidándose como un pilar del Estado. Su aniversario, que se conmemorará durante los próximos meses, servirá para poner en valor su peso histórico y su contribución a la estabilidad del sistema democrático.
La institución, a través de conferencias protagonizadas por sus miembros, busca reivindicar su relevancia. Un papel discreto pero esencial, que a menudo pasa desapercibido para la ciudadanía, pero que es crucial para garantizar la calidad legislativa y la seguridad jurídica. El hecho de que el Gobierno, independientemente de su color político, siga de manera tan abrumadora sus consejos, es una clara señal de su valor.
La reivindicación del razonamiento frente al "ruido" partidista
La presidenta del Consejo de Estado ha sido clara al contraponer la lógica del acuerdo técnico y jurídico con el fragor del debate político. En un contexto donde las trincheras ideológicas a menudo eclipsan el debate sereno, la institución defiende la primacía del análisis ponderado. Esta postura cobra especial relevancia cuando se trata de reformas de calado, donde el consenso y la solidez jurídica son fundamentales.
Este enfoque es vital para asegurar que las políticas públicas, especialmente aquellas que afectan a derechos fundamentales o a la estructura del Estado, se basen en fundamentos sólidos y no en impulsos coyunturales. La capacidad del Consejo de Estado para "meter en razón" al poder es, sin duda, uno de sus mayores legados.
Un ejemplo práctico: la reforma de la ley del aborto
Un ejemplo palpable de la influencia del Consejo de Estado se ha visto recientemente en la aprobación del proyecto de reforma para constitucionalizar la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo de Ministras y Ministros dio luz verde a una propuesta que incorporaba las mejoras realizadas por el Consejo de Estado, añadiendo un apartado al artículo 43 de la Constitución.
Esta iniciativa, que busca garantizar el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad y protección, siguió el cauce establecido, incluyendo el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Un proceso que demuestra cómo la institución actúa como un filtro de calidad y consenso, asegurando que las reformas más sensibles pasen por un riguroso escrutinio antes de llegar al Consejo de Ministros y, posteriormente, al trámite parlamentario.
Fernando López Miras reivindica que "frente al ruido" el nuevo Ejecutivo seguirá "avanzando y reforzando políticas" en la Región de Murcia. El jefe del Ejecutivo autonómico preside el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno regional, al que se incorporan Joaquín Buendía como consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, e Isabel Ayala como consejera de Salud. "Abrimos una etapa de mayor confianza, de mayor estabilidad y de mayores oportunidades para todos, una etapa en la que la Región de Murcia siga creciendo, liderando y demostrando que cuando esta tierra se une, no hay desafío imposible", subraya el presidente. Durante su intervención, reivindica la "política útil que toma decisiones, resuelve problemas, gestiona con rigor, escucha con humildad y actúa con valentía". El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, presidió hoy, en el Palacio de San Esteban, el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno autonómico, donde se incorporan Joaquín Buendía como consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, e Isabel Ayala como titular de Salud.
