La culpabilidad se dirime en los tribunales, Red Eléctrica bajo la lupa

Millones de españoles sufrieron las consecuencias de un apagón sin precedentes el 28 de abril de 2025. Ahora, un año después, la resolución de quién tuvo la culpa final se traslada a los tribunales. Todos los indicios apuntan a la gestión de Red Eléctrica como operador del sistema.

Las luces se apagan en los tribunales: el futuro judicial del apagón

La culpabilidad del apagón eléctrico que dejó a España, Portugal y Andorra a oscuras el 28 de abril de 2025 se dirimirá en la vía judicial. Nadie en el sector energético español duda de este desenlace; los afectados llevan meses moviéndose en esa dirección. Los indicios apuntan directamente a Red Eléctrica, el operador del sistema, cuya actuación durante el incidente está bajo escrutinio.

Un documento interno de la propia compañía, fechado antes del colapso, ya revelaba problemas latentes en la red. La 'Propuesta del OS actualizada de modificaciones de aspectos puntuales del Plan de desarrollo de la red de transporte 2021-2026' de Red Eléctrica, en fase de consulta pública, pone de manifiesto dos cuestiones cruciales: el acoplamiento de las energías renovables por su ubicación geográfica supone un desafío para la red y el control de oscilaciones, factor clave en el apagón, no se encontraba en niveles óptimos.

Este documento, que se enmarca en la planificación plurianual de la red eléctrica (periodo 2021-2026), también detalla una inversión adicional de 607 millones de euros destinada a mejorar la estabilidad estructural del sistema.

Bruselas y la guerra de tecnologías: el papel de las renovables y el gas

La Comisión Europea ha señalado directamente a España, instando a Red Eléctrica a abandonar el modo de 'operación reforzada' de la red. Este régimen, concebido para garantizar la seguridad del suministro, se ha convertido en un sistema costoso y arriesgado que, según Bruselas, genera tensiones como las vividas el año pasado. La Comisión considera que España debe transitar hacia un modelo más eficiente, menos dependiente de tecnologías fósiles como el gas y apoyado en mayor capacidad de infraestructura y almacenamiento energético para reducir la huella de carbono.

El apagón ha desatado una 'guerra' en la gestión energética, especialmente entre el gas y la energía fotovoltaica, por el control de la tensión de la red. Históricamente, el gas dominaba esta función, pero tras el incidente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó, a solicitud de Red Eléctrica, que la fotovoltaica pudiera competir. Las empresas solares esperan una retribución favorable por su contribución al control de tensión. Estiman en torno a 20 euros el megavoltioamperio reactivo hora (MVArh) y aspiran a 50 euros, si bien sostienen que sería muy inferior a lo que perciben las centrales de ciclo combinado por el mismo servicio.

Defensas y lecciones aprendidas: ¿Qué ha cambiado?

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, defendió en el Congreso la actuación de Red Eléctrica, reiterando que el operador del sistema “no falló” durante el gran apagón del 28 de abril de 2025. Corredor subrayó la necesidad de ser capaces de “identificar cuáles son las medidas con las que tenemos que reforzar el sistema eléctrico”. Un desafío que, según apuntó, no es exclusivo de España, sino que Europa entera está revisando sus mecanismos de control de tensión. Francia, por ejemplo, ha puesto en marcha su propio sistema de control de tensión.

Entre las medidas adoptadas, destaca la modificación del procedimiento de operación 7.4, una vieja reclamación de Red Eléctrica que permite a las energías renovables participar en el control dinámico de tensión. Este cambio, propuesto por la compañía en 2020 y aprobado por la CNMC en julio de 2025, responde a la necesidad de que las renovables puedan gestionar la tensión de forma dinámica, algo que ya ocurría en Portugal. Sin embargo, las filtraciones de audios durante las comparecencias han añadido un componente de controversia, calificados por Corredor como "interesados y sesgados".

El apagón del 28 de abril de 2025 no solo dejó a millones sin luz, sino que ha provocado un terremoto en la gestión energética española. Mientras la justicia se prepara para dictar sentencia sobre la culpabilidad, el sector debate y se adapta a las nuevas exigencias de una red eléctrica cada vez más compleja y dependiente de las energías renovables, buscando evitar que la historia se repita.