Intentaron archivar la causa de Zapatero
La Fiscalía General del Estado ha dado un golpe sobre la mesa al abrir este jueves un expediente gubernativo a dos fiscales vinculadas con el ‘caso Plus Ultra’. La aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno para su rescate durante la pandemia, se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha salpicado directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Este movimiento de la Fiscalía se produce después de que las fiscales en cuestión intentaran archivar la causa, una decisión que ahora se somete a escrutinio interno. Los nombres de estas fiscales aparecen mencionados en informes policiales que han sido clave para que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputara a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias. La investigación gira en torno a si el expresidente mediara en el rescate de la compañía aérea a cambio de una comisión posterior a través de empresas interpuestas.
El rescate millonario de la aerolínea y la imputación de Zapatero
La operación de rescate de Plus Ultra, que se consumó en marzo de 2021, forma parte de las políticas económicas desplegadas por el Ejecutivo para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. Sin embargo, la aerolínea no cumplía, según se desprende de la investigación, los requisitos exigidos para obtener dicha ayuda. El Gobierno, por su parte, se ha lanzado en tromba a defender la legalidad y limpieza de la operación, negando cualquier irregularidad.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, sacudió la actualidad política y mediática. Desde entonces, incontables informaciones han intentado desgranar los detalles de la investigación. El auto del juez Calama señala que Zapatero podría haber incurrido en tráfico de influencias, una tesis que ha sido aprovechada por la oposición para cargar contra el Ejecutivo, sugiriendo que el rescate no habría sido posible sin la implicación directa del Consejo de Ministros.
Las pesquisas judiciales y la petición de datos a EEUU
La investigación judicial no se detiene y avanza en varios frentes. El juez Calama ha solicitado formalmente la cooperación jurídica internacional a Estados Unidos para acceder al contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra. Esta solicitud, parte de un auto judicial al que ha accedido Europa Press, busca obtener información clave para esclarecer los hechos. La colaboración policial entre España y Estados Unidos ha sido fundamental, permitiendo que agencias como Homeland Security Investigations faciliten datos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
El sumario judicial recoge todas las actuaciones encaminadas a averiguar si se cometió un delito, analizando las circunstancias que puedan acreditar la culpabilidad de los investigados. Se investiga una posible red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas, sospechosos de blanqueo de capitales. Los indicios que enumera el juez en su auto son cruciales para el desarrollo de la causa.
El Gobierno defiende la legalidad del rescate
Ante el estallido del caso y las críticas de la oposición, el Gobierno ha insistido en defender la legalidad y transparencia del préstamo concedido a Plus Ultra. El Ejecutivo subraya que la operación se realizó dentro del marco de las políticas de ayuda a empresas afectadas por la pandemia. Sin embargo, las revelaciones judiciales y la apertura de este expediente fiscal a las fiscales encargadas del caso añaden una nueva capa de complejidad a una trama que sigue generando titulares y expectación.
La Fiscalía General del Estado abre expediente a las fiscales que quisieron archivar el caso 'Plus Ultra'.
La Fiscalía General del Estado ha abierto este jueves expediente gubernativo a dos fiscales vinculadas con el ‘caso Plus Ultra’, la aerolínea a la que el Gobierno inyectó 53 millones de euros para su rescate en los tiempos más duros de la pandemia, a pesar de que no cumplía con los requisitos exigidos para obtener dicha ayuda.
Sus nombres aparecen mencionados en el informe policial que sirvió al juez de la Audiencia Nacional para imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las fiscales sobre las que pesa este expediente se encuentran la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -que estuvo imputada en la causa contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos- y María Luisa Llop, que se empeñó en solicitar el archivo de las diligencias sobre el rescate cuando la investigación se encontraba en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid.
