El novio de Ayuso, contra el Fiscal General: «Me ha destrozado la vida»
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado directamente al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como el responsable de "destrozarle la vida" en medio de la investigación judicial por presunto fraude fiscal y falsedad documental. La explosiva declaración se produce en un momento crucial, mientras la defensa del empresario alega vulneración de derechos fundamentales.
"Me ha destrozado la vida". Con estas demoledoras palabras se ha pronunciado Alberto González Amador sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien señala como el artífice de su actual situación. El empresario, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha hecho estas declaraciones en el marco de un juicio en el Tribunal Supremo. Relata una supuesta "ruina profesional" tras la filtración de un correo electrónico donde su abogado reconocía dos delitos fiscales, filtración que provocó la condena e inhabilitación del anterior Fiscal General.
La Escalada de Facturación del Novio de Ayuso
La situación judicial de González Amador se produce en un contexto de notable crecimiento económico personal. Entre 2021 y 2023, el empresario facturó 4,4 millones de euros. Esta cifra contrasta con los 400.000 euros facturados en ejercicios anteriores. Un incremento que, según informes de Hacienda y la UCO de la Guardia Civil, coincidió con el inicio de su relación con Isabel Díaz Ayuso. El primer gran salto en su facturación se produjo con la venta de mascarillas, siendo el grupo Quirón uno de sus principales clientes.
La Defensa de González Amador: ¿Vulneración de Derechos?
La estrategia de la defensa de Alberto González Amador se centra en una contundente alegación: la vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Fiscal General del Estado. Según el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, González Amador asegura que no existe deuda tributaria en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Sostiene que las facturas presentadas son reales y no falsas. La defensa argumenta que no se ha cometido ningún fraude fiscal, falsedad documental, delito contable ni pertenencia a grupo criminal, tal y como imputan la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La defensa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando que la fianza impuesta al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, sea de 300.000 euros. Argumenta que los "daños morales" padecidos por González Amador y su entorno son "diarios" y no pueden valorarse en menos de esa cantidad. La fianza inicial fijada por el juez era de 150.000 euros.
El PP Sale en Defensa del Empresario
Ante la creciente polémica, el Partido Popular ha cerrado filas en defensa de Alberto González Amador. La formación subraya su condición de "ciudadano particular" y niega rotundamente que el aumento de su facturación tenga relación con su relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso. Miembros destacados del partido, como Carlos Díaz-Pache, Alfonso Serrano y Miguel Tellado, han mostrado públicamente su apoyo al empresario, distanciando al PP de las acusaciones y defendiendo su inocencia.
Los Delitos que Acechan a González Amador
Alberto González Amador se enfrenta a dos procedimientos judiciales. En el primero, está imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él tres años y nueve meses de cárcel, además de una multa de 448.927 euros. Estos delitos se refieren a haber defraudado a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales en concepto de Impuesto de Sociedades, utilizando 15 facturas falsas. En el segundo procedimiento, la Guardia Civil ha elaborado un informe sobre la compra de mascarillas y el reparto de una comisión de dos millones de euros, elementos que supuestamente catapultaron su carrera profesional.
La defensa de González Amador llegó a proponer un pacto de conformidad antes de la incoación de las diligencias previas. Admitió en un correo electrónico que su cliente "ciertamente" había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Este correo fue el que desencadenó la condena al ex Fiscal General.
