La implicación de su alto cargo
Una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, designada en su día por la exministra María Jesús Montero, se encuentra en el epicentro de una compleja investigación judicial. Se trata de María de la Concepción Ordiz Fuertes, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un órgano dependiente de Hacienda. Ordiz Fuertes habría jugado un papel decisivo en el presunto amaño de un contrato público millonario. Su intervención, según los indicios recabados por la Guardia Civil y aportados al juez Santiago Pedraz, habría facilitado la adjudicación de una obra a la empresa Erri Berri, beneficiando así a una trama investigada en la Audiencia Nacional.
El nombramiento de Ordiz Fuertes al frente del TACRC se produjo en 2021, bajo la titularidad del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Este hecho subraya la vinculación institucional que la investigación ha desenterrado. La trama, liderada por figuras como Leire Díez y el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría conseguido adjudicarse un contrato de 2,8 millones de euros para la demolición de unas baterías de coque en Avilés, Asturias, a través de la empresa Erri Berri.
'Conchi ha cumplido': La evidencia de la trama
Los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son contundentes. En ellos, Vicente Fernández se dirige a Leire Díez y a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, con frases como “Conchita ha cumplido” o “Así aumenta nuestra credibilidad y nos deberán algo”. Estas comunicaciones, fechadas a principios de 2022, sugieren una coordinación y satisfacción por parte de la trama ante la actuación de Ordiz Fuertes.
La UCO detalla que la intervención de Ordiz fue clave para sortear un recurso presentado por otra constructora, Lezama. Según las pesquisas, Ordiz habría asegurado que el recurso sería resuelto favorablemente para los intereses de Erri Berri, allanando así el camino para la adjudicación. Como contrapartida por esta supuesta mediación, la trama de Leire Díez habría recibido 575.800 euros a través de una de sus sociedades pantalla, Mediaciones Martínez SL.
El entramado de contratos públicos bajo la lupa
Este caso se enmarca en una operación más amplia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntos amaños en contratos públicos adjudicados en diversas empresas estratégicas del Estado. La investigación ha llevado a la UCO a personarse en sedes ministeriales, incluyendo Hacienda y Transición Ecológica, así como en Correos, buscando expedientes de contratación pública. Se señala la relevancia de la SEPI, especialmente durante la presidencia de Vicente Fernández, hombre de confianza de la exvicepresidenta María Jesús Montero.
Si bien el nombramiento de Ordiz Fuertes por parte de Montero es un hecho confirmado, las fuentes disponibles no arrojan luz sobre una posible participación o conocimiento directo de la exministra en las presuntas irregularidades. La investigación se centra en la actuación de la presidenta del TACRC y en la trama que presuntamente se benefició de sus gestiones. La complejidad de la red de contratos y las figuras implicadas prometen mantener la atención judicial y mediática en este caso.
En un contexto político marcado por las tensiones internas en el PSOE andaluz tras unos resultados electorales adversos, la figura de María Jesús Montero se mantiene en el foco. Sin embargo, la información actual sobre el escándalo de contratos públicos se centra en la actuación de su alto cargo y no vincula directamente a la exministra con los hechos investigados, a la espera de que avancen las pesquisas judiciales y se esclarezca el alcance total de las responsabilidades.
Una alto cargo de Hacienda nombrada por Montero ayudó a Leire a conseguir un contrato millonario: "Conchi ha cumplido". La actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, nombrada en 2021 por María Jesús Montero por tratarse de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ayudó a la trama de Leire Díez y el ex presidente de SEPI Vicente Fernández a conseguir un contrato millonario en Asturias para la empresa Erri Berri. La Guardia Civil ha aportado estos datos al juez Santiago Pedraz.
"Conchita ha cumplido", escribía el 21 de enero de 2022 Fernández a Leire Díez y a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar. Ordiz, al habla presuntamente con Fernández, había colaborado para que la empresa vasca Erri Berri lograra un contrato público de 2,8 millones para la demolición de unas baterías de coque en Avilés (Asturias).
