Pedro J. Ramírez destapa el ninguneo del Gobierno a medios digitales: «Nos apartan deliberadamente»
El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha lanzado una dura advertencia durante la Junta General de Accionistas del medio. Denuncia la falta de transparencia y el trato discriminatorio del Gobierno en la asignación de publicidad institucional. Ramírez acusa al Ejecutivo de "ningunear" a medios como el suyo, que lideran la audiencia digital, mientras beneficia a grupos afines. Esta crítica llega en un momento clave, con la aprobación de una nueva ley que pretende limitar la publicidad institucional y preservar la independencia de los medios.
El reparto opaco de la publicidad institucional
El pulso entre el Gobierno y los medios de comunicación por la publicidad institucional ha alcanzado un nuevo punto álgido. Pedro J. Ramírez, máximo responsable de EL ESPAÑOL, no ha dudado en poner sobre la mesa la opacidad que, según él, rodea la distribución de estos fondos públicos. En su intervención ante los más de 5.300 accionistas del periódico, Ramírez ha sido contundente: España necesita una hoja de ruta clara para recuperar la estabilidad democrática y la concordia. Sin embargo, este objetivo se ve mermado por prácticas gubernamentales que, a su juicio, perjudican a medios independientes.
Ramírez ha señalado directamente la falta de criterios claros por parte del Gobierno a la hora de repartir la publicidad institucional. Mientras que otros medios, especialmente los vinculados a grandes grupos con líneas editoriales afines al poder, reciben cuantiosas sumas, EL ESPAÑOL, a pesar de su liderazgo en audiencia digital, se ve relegado a posiciones testimoniales. Este "ninguneo", como lo ha calificado el propio presidente ejecutivo, se traduce en cifras desoladoras: mientras un grupo mediático de referencia acaparaba el 16,6% de la inversión publicitaria institucional en 2025 (equivalente a 12,2 millones de euros), EL ESPAÑOL apenas recibía el 0,47%, es decir, 340.000 euros. Una disparidad que pone en tela de juicio la objetividad en la asignación de estos fondos.
La ley para blindar la independencia mediática
La denuncia de Pedro J. Ramírez coincide con la reciente aprobación por parte del Gobierno español de un anteproyecto de ley destinado a limitar la publicidad institucional en los medios de comunicación. El Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, bajo la dirección de Óscar López, ha defendido esta normativa como una medida esencial para "preservar la independencia" de la prensa. La nueva regulación establece un límite del 35% de la cifra de negocios anual neta o la del grupo al que pertenezcan los medios. El objetivo es que la publicidad institucional sirva para informar a los ciudadanos, pero no se convierta en una herramienta para "comprar" medios.
Esta iniciativa, que afecta tanto a medios tradicionales como digitales, surge en un contexto donde el mercado publicitario institucional mueve miles de millones de euros. En 2024, esta cifra ascendía a 2.700 millones de euros dentro de un mercado total de 13.000 millones. La ley busca democratizar el acceso a esta publicidad y evitar concentraciones o favoritismos que distorsionen la pluralidad informativa.
La opacidad del Gobierno en el reparto
La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) ha sido señalada como el organismo con potestad para alterar los planes de medios, una capacidad que, según la cobertura disponible, se ejerce con frecuencia. La sospecha generalizada apunta a que estos movimientos buscan premiar a los medios afines y castigar a los críticos. La falta de desvelos sobre los criterios específicos de reparto ha llevado a que organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la ONU sean informadas por medios que se sienten perjudicados, como EL ESPAÑOL, en su búsqueda de transparencia.
El Consejo de Transparencia también ha sido requerido para que Moncloa aclare los criterios de asignación de publicidad en campañas de ministerios clave. Sin embargo, la resistencia de varios departamentos a entregar esta información agrava la percepción de opacidad. La situación subraya la necesidad de una regulación clara y efectiva que garantice una distribución equitativa y transparente de los fondos públicos destinados a la comunicación institucional, un pilar fundamental para el sostenimiento de una democracia saludable.
La batalla por la transparencia en la publicidad institucional sigue abierta. Las declaraciones de Pedro J. Ramírez ponen de manifiesto las tensiones existentes y la urgencia de que el Gobierno español actúe con mayor claridad. La nueva ley podría ser un paso en la dirección correcta, pero la verdadera prueba estará en su aplicación y en la voluntad política de acabar con prácticas que, hasta ahora, han beneficiado a unos pocos en detrimento de la pluralidad y la independencia informativa.