Ángel Víctor Torres, señalado por el ‘caso Mascarillas’ en un Parlamento de Canarias dividido
La tormenta política se cierne sobre el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El Parlamento de Canarias ha dado un paso significativo al aprobar, en una votación con media sala vacía, un dictamen que le cuelga el sambenito político del 'caso Mascarillas'. La decisión, respaldada por treinta y seis síes y sin votos en contra ni abstenciones, señala la responsabilidad del ex presidente autonómico en el desfalco millonario de fondos públicos que nunca se tradujo en la entrega del material sanitario prometido.
Un dictamen con media sala ausente
La sesión parlamentaria que sentenció políticamente a Ángel Víctor Torres estuvo marcada por la ausencia de una parte significativa de los diputados. PSOE, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera decidieron retirarse del hemiciclo antes del recuento, defendiendo su voto particular sobre lo ocurrido. Los votos a favor provinieron de CC, PP, AHI y Vox, evidenciando una fractura política en torno a la gestión de la pandemia en Canarias.
El Gobierno de Torres, en el punto de mira
La responsabilidad política de aquel desaguisado, según el dictamen, recae sobre el Gobierno autonómico que presidió Ángel Víctor Torres entre 2019 y 2023. El informe señala de manera particular a Torres, a su mano derecha de entonces, Antonio Olivera, y a la cúpula de Sanidad. El foco está puesto en la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7, una compañía que hasta entonces se dedicaba a la compraventa de coches y que, supuestamente, debía suministrar un millón de mascarillas FFP3. El material nunca llegó, pero el dinero público sí salió de la caja.
El rastro del dinero de la presunta trama
La investigación judicial ha ido más allá de las fronteras canarias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha logrado rastrear en Reino Unido y Sudáfrica el dinero correspondiente al presunto cohecho derivado de los contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia. La causa se centra en empresas como Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por el empresario hispano-libanés Noel Jammal Fernández. Estas mercantiles recibieron contratos de emergencia para suministrar mascarillas, guantes, batas, test rápidos, hisopos y jeringas.
Indicios «atados» por la UCO y la Fiscalía Europea
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que los indicios de presuntos delitos contra Ángel Víctor Torres están «atados». Según la cobertura disponible cercana a la investigación, el informe que recopila las evidencias estaría redactado, aunque aún no ha sido entregado al juez instructor. Paralelamente, la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos sanitarios adjudicados por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia avanza hacia una fase decisiva. El decreto de incoación de febrero de 2024 sigue activo y se ha reforzado con nuevas diligencias y medidas cautelares. La Fiscalía Europea investiga posibles indicios de malversación de caudales públicos y cobros irregulares, especialmente al estar afectados fondos de la Unión Europea.
El escándalo de las mascarillas que nunca llegaron
El millón de mascarillas FFP3 prometido jamás apareció. Lo que sí ocurrió fue la salida de millones de euros de la caja pública, cuyo paradero actual se desconoce. La compañía investigada intentó colar unas 3M que resultaron ser falsas y terminaron en la basura, un detalle que agrava la ya de por sí sospechosa adjudicación a dedo de contratos millonarios a empresas sin experiencia en el sector sanitario. La investigación apunta a que los fondos se utilizaron para pagar comisiones a miembros del Gobierno de Canarias, cuando Ángel Víctor Torres ostentaba la presidencia.
Los investigadores descubren en Sudáfrica y Reino Unido el rastro del dinero del cohecho con fondos UE para material sanitario de Canarias.
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto en Reino Unido y Sudáfrica el rastro del dinero del cohecho de los contratos de material sanitario del Gobierno de Canarias durante la pandemia. La causa se centra en las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, ambas administradas por el empresario hispano-libanés Noel Jammal Fernández. Estas mercantiles recibieron contratos de emergencia para suministrar mascarillas, guantes, batas, test rápidos, hisopos y jeringas. La instrucción está avanzada y muy cerca de cerrarse, prolongada en el tiempo por un requerimiento de extradición a Emiratos Árabes Unidos de uno de los investigados.
