Giro de 180 grados en la UE: 19 países exigen «centros de deportación» y chocan con Sánchez
Bruselas se ha convertido en el epicentro de una nueva y dura batalla migratoria. Un grupo de 19 países de la Unión Europea, con Italia y Dinamarca a la cabeza, ha lanzado una ofensiva diplomática sin precedentes. Han enviado una carta exigiendo la aceleración de la implementación de "centros de deportación" en terceros países, una medida que choca frontalmente con la oposición del Gobierno español y las advertencias de organizaciones como Amnistía Internacional.
La misiva, cuyo contenido ha trascendido recientemente, es un claro intento por marcar un antes y un después en la política de inmigración comunitaria. Los firmantes reclaman "resultados concretos" y apuestan por "soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible", citando como modelo los centros que Italia ha establecido en Albania. Esta iniciativa llega justo cuando los eurodiputados han dado luz verde definitiva a normas de inmigración más estrictas, que otorgan a las autoridades europeas competencias ampliadas en materia de detención y permiten la creación de estos controvertidos centros de expulsión fuera de las fronteras de la UE.
Sánchez contraataca: "No van a traer ninguna solución"
La respuesta desde Madrid no se ha hecho esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido tajante al calificar estas propuestas como "absolutamente ineficaces" y un "trampantojo" que solo serviría para "malgastar recursos económicos". Sánchez ha defendido la necesidad de adoptar políticas alternativas para controlar los flujos migratorios irregulares, argumentando que existen "evidencia empírica y datos" que respaldan otros enfoques. La postura española se alinea así con una visión más humanitaria y menos punitiva de la gestión migratoria, criticando abiertamente la externalización de las deportaciones.
La tensión en Bruselas es palpable. Fuentes diplomáticas confirman debates acalorados entre líderes europeos, donde la política de regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español, que ya suma 900.000 solicitudes a pocos días de que finalice el plazo, ha sido puesta sobre la mesa por algunos colegas. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, incluso agradeció a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el trabajo para endurecer la posición migratoria de la UE, en un claro contraste con la postura de Sánchez.
Amnistía Internacional alerta sobre Afganistán
Mientras la UE debate la creación de estos centros, Amnistía Internacional ha lanzado una seria advertencia. La organización insta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a abandonar "los planes de deportación a Afganistán" y a suspender cualquier cooperación en materia de readmisión con las autoridades talibanas. Amnistía recuerda que Afganistán "no puede ser considerado en modo alguno un país de retorno seguro" y alerta de que estas políticas pondrían en grave peligro la vida de las personas retornadas, basándose en repetidas advertencias de órganos de la ONU.
La Comisión Europea había invitado recientemente a las autoridades talibanas a debatir en Bruselas sobre la deportación de ciudadanos afganos, una reunión que, según informes, viene precedida por presiones de varios Estados miembros para acelerar las expulsiones. Amnistía considera "irresponsable y peligrosa" cualquier implicación de la UE en estas deportaciones, máxime dada la crítica situación de los derechos humanos y la crisis humanitaria en el país. La organización subraya que la UE es consciente de los abusos talibanes y ha promovido iniciativas para la rendición de cuentas, lo que hace aún más contradictoria su posible implicación en acuerdos de deportación.
Nuevas normas de inmigración de la UE: centros de retorno fuera de las fronteras
La aprobación definitiva de las nuevas normas de inmigración por parte del Parlamento Europeo, con 418 votos a favor y 218 en contra, marca un hito en la política migratoria comunitaria. Estas normativas, duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, otorgan a los Estados miembros la potestad de abrir "centros de retorno" fuera de las fronrones de la UE. La decisión fue recibida con júbilo por eurodiputados de derecha y extrema derecha, mientras que la izquierda manifestaba su rechazo con gritos de "¡qué vergüenza!". El comisario de Migración de la UE, Magnus Brunner, afirmó tras la votación que la nueva legislación deja "claro a todo el mundo que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse".
Un grupo de 19 países europeos pide acelerar el uso de centros de deportación en terceros países frente a España. Estos países, liderados por Italia y Dinamarca, han solicitado por carta la implementación de estas medidas, tal y como se recoge en el Pacto de Asilo y Migración.
