El subsidio a mayores de 52 años ahoga las cuentas
La estadística que nadie quería ver ha salido a la luz y pone de manifiesto una realidad preocupante para las arcas públicas españolas: el subsidio por desempleo para mayores de 52 años se ha disparado de forma alarmante. En 2025, la cifra de beneficiarios supera los 458.000, lo que representa casi el triple de los 162.318 que percibían esta ayuda en 2005. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) destapa las consecuencias directas de esta tendencia, que está ahogando las cuentas de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La reforma de 2019: un punto de inflexión demoledor
El origen de esta explosión de beneficiarios se encuentra en la importante reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en 2019. Se rebajó la edad de acceso al subsidio de los 55 a los 52 años y, lo que es más significativo, se estableció su duración indefinida. Estas modificaciones, diseñadas en un contexto de supuesta mejora económica, han tenido un impacto presupuestario que ahora se revela insostenible. Si en 2019 había 262.918 usuarios, la cifra se ha disparado hasta los 437.817 en 2025, y las proyecciones apuntan a que a finales de esta década se alcanzarán los 529.880 beneficiarios.
El peso de los mayores de 50 años entre quienes cobran alguna prestación por desempleo ha crecido exponencialmente. Si en 2005 representaban el 34,8% del total, en 2025 superan la mitad, con un 51,8%. El avance es aún más pronunciado entre quienes agotan la prestación contributiva y pasan a depender de los subsidios asistenciales, donde su cuota ha escalado del 33% al 59,5%. Un dato revelador que subraya la dificultad de muchos de estos trabajadores para encontrar empleo, incluso en épocas de bonanza.
Un coste millonario que lastra la economía
La consecuencia directa de este aumento de perceptores es un agujero multimillonario en las arcas públicas. Según las estimaciones de Fedea, el gasto en este subsidio se disparará hasta los 26.265 millones de euros en la presente década. Solo el aumento de beneficiarios implicará que el SEPE tenga que desembolsar 15.877 millones de euros adicionales entre 2019 y 2030. A esto se suma el impacto en la Seguridad Social, que deberá afrontar 17.935 millones de euros en el mismo periodo, incluyendo las cotizaciones de los beneficiarios.
Este escenario contrasta fuertemente con el relato de fortaleza económica que el Gobierno intenta proyectar. La realidad del mercado laboral español muestra signos de debilidad, con casi cuatro millones de parados reales si se incluyen a quienes no figuran en las estadísticas oficiales. La política de concesión de subsidios y prestaciones, si bien busca proteger a colectivos vulnerables, también genera una carga adicional para las cuentas públicas y, según algunos análisis, desincentiva la incorporación al mercado laboral.
Desincentivos al trabajo y expulsión del mercado
El informe de Fedea, firmado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, señala que sin la reforma de 2019, el número de beneficiarios del subsidio habría sido significativamente menor, situándose en 262.918. La diferencia es llamativa y pone de manifiesto cómo el cambio normativo ha alterado la dinámica de acceso a esta prestación. Además, estudios del Banco de España inciden en los desincentivos que introduce esta ayuda, argumentando que la diferencia entre la base de cotización y el importe del subsidio puede disuadir a los beneficiarios de buscar activamente empleo.
El 81% del aumento neto de desempleados en España entre 2005 y 2025 corresponde a personas mayores de 50 años. Esta cifra, 546.700 de un total de 674.600, evidencia la dificultad de reabsorción laboral para este colectivo. El mercado de trabajo español tiende a expulsar a los trabajadores de mayor edad con mayor facilidad de la que los reincorpora, dejando a muchos de ellos dependientes de prestaciones que, si bien necesarias, plantean serios interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo y su impacto real en la economía del país.
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha basado buena parte de su política económica y social en la concesión de subsidios y el reparto de prestaciones, lo cual implica una carga adicional para las cuentas públicas.
En este sentido, uno de los aspectos que más debate han generado es la posibilidad de que en muchas ocasiones prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se concedan a personas que, en realidad, podrían trabajar y obtener ingresos por sus propios medios.
