Política

García-Page anuncia acciones judiciales por el incendio de La Mierla: «Actuaremos contra el responsable»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado una advertencia contundente tras el devastador incendio de La Mierla (Guadalajara): el Gobierno regional se personará y tomará acciones judiciales contra cualquier responsable penal que determine la investigación. El fuego, que ha calcinado miles de hectáreas y obligado a desalojar municipios, pone el foco en la posible negligencia de un alcalde de Vox.

La Junta no tolerará impunidad ante el desastre

El presidente de Castilla-La Mancha ha sido tajante al afirmar que el Gobierno regional actuará con toda la contundencia legal si la investigación sobre el incendio de La Mierla, en Guadalajara, determina la existencia de responsabilidades penales. Las declaraciones, realizadas este viernes por la noche, llegan después de que el fuego haya arrasado miles de hectáreas y forzado el desalojo de una docena de municipios, dejando una estela de destrucción a su paso.

"En función del informe de la Guardia Civil, nosotros no solo nos personaremos como administración en la acusación, sino que particularmente tomaremos acciones judiciales a la menor duda que tengamos", sentenció García-Page. Una advertencia clara que subraya la voluntad política de no dejar pasar por alto cualquier indicio de negligencia o intencionalidad que haya podido desencadenar la catástrofe.

El foco se dirige hacia un alcalde de Vox

Las pesquisas sobre el origen del incendio han puesto el foco sobre Rubén Marchamalo, alcalde de Robledillo de Mohernando y miembro de Vox. Según las informaciones, el fuego podría haberse iniciado mientras el primer edil realizaba labores agrícolas con una cosechadora de cereal. Esta circunstancia ha añadido una capa de complejidad política a la tragedia, aunque García-Page ha insistido en que la responsabilidad penal no entenderá de cargos ni de afiliaciones políticas.

"La culpa de los incendios no la tienen ni los agricultores, ni la tienen los ganaderos, ni la tienen los consejeros, ni la tienen los médicos, ni la tienen los periodistas, no la tiene nadie por su profesión, ni por su condición política, ni por su raza", afirmó el presidente castellanomanchego. Añadió contundente: "la culpa sólo la tiene aquel que incumple las leyes, sea político, sea periodista, sea agricultor o sea sindicalista".

Investigación en curso y la postura de la Junta

Aunque la investigación de la Guardia Civil sigue su curso y aún no se han determinado conclusiones definitivas, la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha es firme. García-Page ha mostrado su confianza en que el incendio no cargue sobre la conciencia de nadie, pero ha dejado claro que no se va a mirar a otro lado ante una posible responsabilidad.

El incendio de La Mierla ha afectado a miles de hectáreas, cifradas en fuentes distintas entre 3.483 y 5.400, y ha obligado a la evacuación de varios municipios, con un número de personas desplazadas que ronda las 600. La magnitud del desastre hace que la exigencia de responsabilidades sea una prioridad para la administración regional, que se personará como acusación para asegurar que se depuren todas las culpas.

La política, al margen de la catástrofe

García-Page ha querido desvincular la tragedia de cualquier tipo de oportunismo político. "No queremos bajo ningún concepto hacer bandera con este tipo de cosas ni que la haga nadie, por supuesto, pero no vamos a mirar a otro lado bajo ningún tipo de presión", ha manifestado. La Junta de Comunidades busca con estas acciones judiciales no solo castigar al culpable, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la prevención y el cumplimiento de la normativa en entornos de alto riesgo de incendios.

La actuación de la administración regional marcará un precedente en la gestión de catástrofes medioambientales, priorizando la justicia y la responsabilidad frente a cualquier otra consideración. El foco ahora está puesto en las conclusiones de la Guardia Civil y en los pasos legales que dará el Gobierno de Castilla-La Mancha para asegurar que no haya impunidad.

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