La Ley Vasca de Cooperación, en la picota: Sánchez recurre y las ONGs denuncian el ‘desvío’ a la industria militar
El Gobierno Vasco ha dado un giro radical y polémico a su Ley de Cooperación y Solidaridad. Una modificación introducida de tapadillo en los Presupuestos de 2026 ha alterado uno de los pilares fundamentales de la norma, abriendo la puerta a la financiación pública de la industria militar. Este cambio, justificado bajo la excusa de la Estrategia Europea de Seguridad, ha desatado una tormenta política y social. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
La Ley Vasca de Cooperación, bajo escrutinio
La Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, aprobada en febrero de 2024 con amplio consenso, prohibía explícitamente que el sector público vasco colaborara económicamente con empresas dedicadas a la producción o comercialización de armamento. Sin embargo, una disposición final décima, integrada en los Presupuestos Generales de Euskadi para 2026, ha modificado el artículo 10.4 de dicha ley. Ahora, esta prohibición queda sin efecto si los proyectos se encuadran dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. La decisión, que redefine la relación entre instituciones públicas e industria militar, se tomó sin debate parlamentario ni consulta ciudadana, presentándose como una mera adaptación técnica al contexto internacional.
Desvío de fondos: de la ayuda humanitaria a la defensa
La consecuencia más inmediata y criticada de esta modificación es el desvío de fondos. Mientras la ayuda humanitaria ve reducidos sus presupuestos, crece la inversión destinada a la industria militar y de defensa. La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha sido una de las voces más críticas, denunciando que esta situación responde a una estrategia política interna y no a una necesidad real derivada del contexto internacional. Según sus informes, la ley aprobada en 2024, que obligaba a destinar el 0,7% del presupuesto vasco a fines de cooperación, no se está cumpliendo. Alertan que esta nueva disposición podría permitir la movilización de hasta 325 millones de euros en inversiones industriales con posible uso militar, cifra incompatible con los principios históricos de la cooperación vasca. A pesar de los recortes, más de 117.000 vascos participan activamente en organizaciones de cooperación internacional, mostrando el fuerte compromiso ciudadano con la solidaridad.
Sánchez anuncia recurso de inconstitucionalidad
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha permanecido impasible. Fuentes del Ejecutivo central han anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. El punto de conflicto se centra en la enmienda introducida por PNV y PSE-EE, que consideran que levanta de forma indebida el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística. A pesar de la amenaza, ambos gobiernos han iniciado conversaciones a través de una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias de interpretación a nivel político, aunque desde el Gobierno Vasco confían en alcanzar un acuerdo.
Protestas ciudadanas contra la modificación
La ciudadanía vasca tampoco ha permanecido ajena a este controvertido cambio. El pasado 23 de diciembre de 2025, tuvo lugar una ruidosa concentración frente al Parlamento Vasco en Gasteiz para rechazar la modificación del artículo 10.4 de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad. Convocada por diversas organizaciones sociales, pacifistas, feministas y de cooperación, bajo lemas como “No a la modificación de la ley vasca de cooperación NI 1€ PÚBLICO PARA LA INDUSTRIA MILITAR VASCA”, la protesta visibilizó el rechazo a que fondos públicos se destinen a la industria militar. La Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin se sumaron a la convocatoria, alertando sobre el riesgo de desvirtuar la normativa de cooperación.
El futuro incierto de la cooperación vasca
La modificación de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad ha puesto en jaque los principios que la sustentaban y ha generado una profunda división. Mientras el Gobierno Vasco defiende la necesidad de adaptarse al nuevo contexto geopolítico y a la Estrategia Europea de Seguridad, las organizaciones de cooperación y una parte significativa de la sociedad civil denuncian un claro retroceso en materia de paz y solidaridad. La posible intervención del Tribunal Constitucional y las negociaciones entre ambos gobiernos marcarán el futuro inmediato de esta polémica ley, dejando en el aire la verdadera vocación solidaria del País Vasco.
