El Supremo frena las altas en el Censo Electoral por la ‘ley de nietos’
El Tribunal Supremo ha desatado un terremoto político al admitir a trámite un recurso que busca paralizar en seco las polémicas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la controvertida 'ley de nietos'. Una decisión que pone en jaque la configuración del voto exterior y promete una batalla judicial sin precedentes.
Detrás de esta ofensiva está el partido político Iustitia Europa, conocido por su papel como acusación popular en importantes casos de corrupción. La formación ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo es claro: frenar lo que consideran un "volcado automático" de nuevos votantes al CERA, que, según denuncian, alteraría la voluntad nacional.
Altas "automáticas" bajo sospecha
Iustitia Europa reclama al Tribunal Supremo que paralice de forma cautelar "la tramitación de nuevas altas automáticas" en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). Estas altas provienen de expedientes de adquisición de nacionalidad amparados en la 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática. El partido denuncia que se están produciendo "efectos irreversibles en la configuración de la voluntad nacional".
La clave de la controversia radica en la forma en que se han gestionado estas nacionalizaciones. Iustitia Europa apunta a casos donde la adquisición se fundamenta en la "presunción de exilio" o en "interpretaciones no amparadas legalmente". Exigen, además, que estos nuevos inscritos carezcan de "prueba documental individualizada de la causa legal". Cuestionan, en definitiva, la validez de las altas de quienes se acogieron a la ley sin la debida justificación.
La Junta Electoral Central, en el punto de mira
El recurso de Iustitia Europa no solo ataca la 'ley de nietos', sino que también pone en el punto de mira a la Junta Electoral Central (JEC). Según la formación, el acuerdo de la JEC del pasado 16 de julio incurrió en una "dejación de funciones". La JEC se habría declarado incompetente para auditar y controlar el censo frente a lo que se describe como "altas masivas", una acusación que señala directamente a la cúpula electoral.
La población española residente en el exterior ha experimentado un crecimiento extraordinario. Se han sumado 156.036 nuevos inscritos en un solo año. Para Iustitia Europa, este incremento podría estar viciado. Lo atribuyen a una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que, a su juicio, "amplió con creces las previsiones legales" hasta crear una "presunción de exilio" sin base sólida.
El Supremo exige explicaciones urgentes
Ante la gravedad de las acusaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal no solo ha admitido el recurso a trámite. Ha abierto una pieza separada para estudiar las medidas cautelares solicitadas. Además, los magistrados han reclamado a la Junta Electoral Central el expediente administrativo correspondiente.
Iustitia Europa no se conforma con la paralización. Insta al tribunal a que dé una orden inmediata a la Oficina del Censo Electoral (OCE). El objetivo es que identifique, marque y separe en las bases de datos del censo a todas aquellas personas que se hayan dado de alta en el CERA bajo esta controvertida modalidad. Buscan una limpieza y una auditoría exhaustiva.
La formación advierte: de no adoptar la medida cautelar con carácter urgente, se producirá un daño "irreversible". Aseguran que la configuración de la voluntad nacional podría quedar alterada de forma permanente. La pelota está ahora en el tejado del Supremo, y la expectación es máxima sobre cómo se resolverá este desafío sin precedentes a la 'ley de nietos' y a la integridad del censo electoral.
