El Supremo aplica la amnistía por primera vez a ocho condenados
El Tribunal Supremo ha dado este viernes un paso decisivo al aplicar por primera vez la ley de amnistía. Ocho personas condenadas por delitos de desobediencia y desórdenes públicos han visto extinguidas sus responsabilidades penales. Esta decisión llega una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la normativa, despejando las dudas sobre su compatibilidad con el derecho comunitario.
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha emitido cuatro autos en los que se declara la extinción de la responsabilidad penal de estos ocho amnistiados. Entre los beneficiados se encuentran cuatro exdirigentes de la Mesa del Parlament, incluido el expresidente Roger Torrent, acusados de un delito de desobediencia por admitir a trámite iniciativas parlamentarias relacionadas con el 'procés'. También se incluye al exalcalde de Sabadell, Maties Serracant, condenado por el mismo delito, y a otras tres personas por desórdenes públicos tras las protestas de 2019.
El Govern reclama al Tribunal de Cuentas
Mientras el Supremo materializa la amnistía, el Govern de la Generalitat ha tomado la iniciativa. Una semana después de que el president Salvador Illa exigiera una aplicación "integral, diligente y sin subterfugios" de la ley, el Ejecutivo catalán ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es que se declaren extinguidas las responsabilidades contables y se levanten las medidas cautelares relacionadas con el 1-O y la acción exterior del Govern. Esta causa afecta a una treintena de exaltos cargos, incluyendo a expresidentes como Carles Puigdemont y Artur Mas, y exconsellers como Oriol Junqueras.
El Tribunal de Cuentas, que hasta ahora había mostrado reticencias a aplicar la amnistía pese al aval europeo, ha dado un plazo de diez días a las partes para presentar alegaciones. La Generalitat comparece en esta causa como entidad pública presuntamente perjudicada.
El contexto europeo y las reacciones
La decisión del Tribunal Supremo se produce en un contexto marcado por el reciente respaldo del TJUE a la ley de amnistía. El tribunal europeo consideró que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria y que persigue un objetivo de reconciliación política y social, allanando el camino para su aplicación. Esta sentencia del TJUE ha sido clave para que el Supremo y otras instancias judiciales avancen en la aplicación de la medida de gracia.
En este escenario, figuras políticas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han roto su silencio para defender la amnistía. Zapatero ha afirmado en una entrevista que la ley "refuerza nuestro Estado de Derecho", subrayando la importancia de la reconciliación nacional. La aplicación concreta de la ley por parte del Supremo abre ahora una nueva fase en el complejo proceso de aplicación de la amnistía en España, con la mirada puesta en futuras resoluciones judiciales y las reacciones políticas.
El Supremo amnistía a exdiputados y condenados por desórdenes
El Tribunal Supremo acaba de amnistiar a cuatro exdirigentes del Parlament, entre ellos el expresidente Roger Torrent, que fueron juzgados por desobediencia. También se ha amnistiado a otros cuatro condenados por los altercados en Catalunya en respuesta a la sentencia del alto tribunal que condenaba por sedición a los líderes del 'procés' encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Junto a Torrent, se ha amnistiado a Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Todos ellos habían sido absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sentencia que había sido recurrida ante el Supremo. Los recursos habían sido paralizados hasta que se resolvieran las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Sala estuvo esperando a ver si Europa se pronunciaba sobre la ley de amnistía, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya había avalado hace un año la norma. Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que fue una ley hecha para la reconciliación social y política, el alto tribunal ha declarado extinguida la pena para los miembros de la mesa por desobediencia y otros cuatro condenados por desórdenes públicos.
Las condenas por desórdenes públicos se circunscriben a actos de protesta contra la sentencia del Supremo en octubre de 2019, que declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre de 2017. Precisamente, la ley amnistía todos los hechos vinculados con el 'procés', por lo que estas protestas también entraban en el perímetro de la amnistía.
