Bruselas pone a España contra las cuerdas: «Avances limitados» en la lucha contra la corrupción
Bruselas ha lanzado un toque de atención a España en su último informe anual sobre el Estado de Derecho. La Comisión Europea critica duramente los "avances limitados" en la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial. El documento, firmado en Bruselas el pasado 17 de julio, pone el foco en la escasa ejecución de las reformas comprometidas por el Gobierno. Se dibuja un panorama donde se legisla mucho pero se implementa poco.
Este aviso llega en un momento de máxima ebullición política en Madrid. El informe se produce tras la reciente condena al hermano del presidente del Gobierno y el caso que afecta a su esposa. Aunque el informe de Bruselas no cita casos concretos, su mensaje resuena con especial fuerza en el actual clima político.
Un diagnóstico incómodo para el Ejecutivo
El séptimo informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea señala que, si bien se reconocen ciertos avances en la tramitación de grandes casos de corrupción, las reglas sobre conflicto de interés y los cargos en funciones ejecutivas no se han fortalecido como se esperaba. Bruselas pide a España un esfuerzo adicional para la implementación de medidas efectivas contra la corrupción. Incluye la creación de un organismo supervisor independiente con competencias de investigación y sanción. Además, insta a España a mejorar el registro nacional de lobistas.
La Comisión Europea ha vuelto a reprochar a España la baja ejecución de las reformas comprometidas en el ámbito de la seguridad y la justicia. El diagnóstico es directo: España aprueba planes de reforma sin apenas avances tangibles en justicia, lucha anticorrupción y medios de comunicación. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ya dejaba a España con un 55 sobre 100 y una caída de seis puntos desde 2021. Los datos del Eurobarómetro de 2026 son aún más contundentes: un 92% de los encuestados cree que la corrupción está extendida, y un 53% se siente afectado en su día a día, casi el doble que la media europea (30%).
España, a la cola en la UE
El informe europeo también pone de manifiesto una tendencia preocupante en toda la Unión: el impulso a favor del Estado de derecho está perdiendo fuerza. Los países de la UE han llevado a cabo menos de la mitad de los cambios solicitados por Bruselas para luchar contra la corrupción y defender la democracia. Solo el 47% de las recomendaciones formuladas en 2025 se aplicaron total o parcialmente, un descenso respecto al 57% del año anterior. Esta ralentización es una señal de alarma para el conjunto del bloque comunitario.
En este contexto, la Comisión Europea insta a España a no solo legislar, sino también a ejecutar. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, el refuerzo de la fiscalía, el acortamiento de los macrojuicios por corrupción y la aprobación de la ley de lobbies son algunos de los puntos críticos que Bruselas espera ver materializados con mayor celeridad.
Protección para los denunciantes
En un intento por reforzar la transparencia, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores. Esta reforma busca blindar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral. Se declaran nulos los despidos que se produzcan como represalia. La medida pretende fortalecer las garantías de indemnidad de estos trabajadores.
La nueva norma prohíbe cualquier discriminación contra quienes comuniquen o revelen infracciones o hechos de corrupción. Extiende esta protección a quienes sufran represalias por presentar reclamaciones internas. Es un paso adelante necesario para fomentar la denuncia y la integridad en el entorno laboral, en un momento en que la presión internacional sobre la lucha contra la corrupción en España se intensifica.
El Gobierno blinda la protección y declara nulos los despidos de los denunciantes de corrupción. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 28 de julio el anteproyecto de ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral, con el objetivo de blindarles frente a represalias y discriminaciones.