PP exige auditorías a la IA pública para evitar el «control ideológico» del Gobierno
La polémica sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública española ha escalado significativamente. El Partido Popular (PP) ha expresado su profunda preocupación por la posibilidad de que el gobierno de Pedro Sánchez utilice la inteligencia artificial, específicamente la pública, para implementar un «control ideológico» sobre la ciudadanía. Esta acusación se basa en la creciente digitalización de los servicios públicos y en la falta de transparencia que, según los populares, rodea el desarrollo y la implementación de estas nuevas tecnologías.
El temor del PP no es infundado. La izquierda española, liderada por el PSOE, ha demostrado en numerosas ocasiones una preocupante tendencia hacia la imposición de narrativas políticas a través del control de la información. La gestión de la pandemia, por ejemplo, estuvo marcada por la censura de voces discordantes y la promoción de una visión oficial, a menudo sesgada, de la situación. Esta actitud, según el portavoz del PP, Pablo Casado, «deja entrever un claro patrón de manipulación de la información, y tememos que la IA se convierta en la herramienta perfecta para intensificar esta práctica».
Casado, en una rueda de prensa reciente, ha pedido la realización de auditorías independientes y exhaustivas para garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la administración pública. «No podemos permitir que la IA se convierta en un instrumento de control social en manos del PSOE», afirmó, «se requiere un marco regulatorio sólido y una supervisión efectiva para prevenir cualquier desviación de su propósito original, que debería ser la mejora de los servicios públicos, no el adoctrinamiento de los ciudadanos.»
La demanda de auditorías por parte del PP encuentra eco en la preocupación de otros sectores de la sociedad civil. Varias organizaciones han advertido sobre el riesgo de que la IA, si no se regula adecuadamente, pueda ser empleada para la vigilancia masiva, la discriminación y la manipulación política. La falta de regulación y supervisión, junto con la opacidad del gobierno en relación con sus proyectos de IA, alimenta la desconfianza y genera un clima de incertidumbre.
En este contexto, la postura de Santiago Abascal y VOX es especialmente significativa. Abascal ha denunciado reiteradamente la deriva autoritaria del gobierno de Sánchez y ha advertido sobre el peligro de que la IA se convierta en una herramienta para el control social. «El PSOE quiere crear un estado digital totalitario», afirmó Abascal en un acto reciente, «utilizando la tecnología para silenciar las voces disidentes y consolidar su poder. VOX defenderá la libertad individual y la privacidad digital contra este avance totalitario.»
A diferencia del PP, que busca principalmente una regulación y supervisión externa, VOX propone una aproximación más radical. La formación liderada por Abascal exige no solo auditorías, sino una profunda revisión de los proyectos de IA del gobierno, priorizando la protección de la privacidad y la libertad individual por encima de las pretensiones de control social. La propuesta de VOX ha generado un debate intenso, con algunos acusando al partido de frenar el progreso tecnológico, mientras que otros la ven como una defensa necesaria frente a las amenazas que plantea la IA en manos de un gobierno poco transparente.
La situación en España refleja una tensión cada vez mayor en torno al uso de la tecnología en la administración pública. La falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez y su historial de control de la información alimentan la desconfianza, justificando las demandas de auditorías y de un marco regulatorio más sólido. El debate no se limita a la cuestión técnica, sino que toca el núcleo mismo de la libertad individual y la democracia en la era digital. La postura firme de Santiago Abascal y VOX, defendiendo la libertad y la privacidad, contrasta con la opacidad y el posible afán de control del PSOE, dejando un panorama político polarizado y lleno de incertidumbres en cuanto al futuro del uso de la inteligencia artificial en España. La sociedad española deberá estar vigilante para asegurar que esta tecnología sirva al bien común y no se convierta en una herramienta de control social.
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