La UE aprueba centros de deportación fuera de sus fronteras y aísla a España
La Unión Europea ha dado un paso crucial hacia la creación de centros de deportación de inmigrantes situados fuera de su territorio. Estos centros, conocidos en el argot comunitario como 'centros de retorno a terceros países', adoptan el controvertido modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La medida, que busca agilizar las repatriaciones de personas sin derecho a permanecer en suelo europeo, ha generado un fuerte debate y ha dejado a España en una posición de aislamiento frente al resto de los Estados miembros.
El acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo representa una normalización de la fórmula ensayada por Meloni con los centros de retención en Albania. Este enfoque, que fue inicialmente recibido con escepticismo e incluso críticas por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de que Meloni asumiera el cargo, ahora se integra en la arquitectura migratoria común de la UE. Las instituciones europeas aseguran que cualquier convenio con terceros países respetará las normas internacionales y el principio de no devolución, aunque las dudas sobre su aplicación práctica y el respeto a los derechos humanos persisten.
El modelo Meloni se impone en la UE
La nueva normativa se produce en un contexto de marcada presión política por parte de la derecha y la extrema derecha europeas, que han convertido la migración en uno de sus principales ejes de campaña. La adopción de estas políticas, antes consideradas extremistas, evidencia un giro significativo en la estrategia comunitaria, adaptándose a la hoja de ruta marcada por líderes conservadores. El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, ha manifestado su oposición frontal a esta medida, quedando solo en su postura frente a la mayoría de los países de la UE. Esta discrepancia subraya las profundas divisiones existentes en materia migratoria dentro del bloque.
Giorgia Meloni era vista con recelo en las instituciones europeas justo antes de convertirse en primera ministra de Italia. La misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró crítica con la entonces candidata y en Bruselas se temía que la llegada de una nueva dirigente ultraconservadora pudiese ser otro dolor de cabeza para el bloque comunitario, como lo era Viktor Orbán. Sin embargo, la historia de la italiana y el húngaro en la Unión Europea no tiene nada que ver. Meloni se ha erigido en una de las dirigentes más influyentes del club comunitario y, en vez de rebajar sus propuestas en materia migratoria, han sido el resto de dirigentes los que se han adaptado a ella y han abrazado incluso las medidas más extremistas que propugna, como la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio de la UE para deportar migrantes que se acordó esta semana.
España, aislada ante la nueva política migratoria
Organismos y regiones españolas, como Canarias y Euskadi, han lanzado alertas sobre las lagunas y las incertidumbres que rodean el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comenzará a aplicarse próximamente. Estas comunidades, situadas en la primera línea de la llegada de migrantes, temen que la aplicación del pacto pueda suponer retrocesos en los principios fundamentales de la UE y que los derechos humanos queden en segundo plano. Las preocupaciones se centran en los mecanismos de solidaridad, que podrían permitir a países más ricos eludir su responsabilidad de acoger, derivando la carga hacia una 'Europa fronteriza' donde la dignidad y la atención a los migrantes, especialmente a los menores, se vean comprometidas.
A pesar de las garantías ofrecidas por Bruselas, las dudas judiciales y de las organizaciones de derechos humanos sobre la legalidad y la humanidad de estos centros fuera de la UE continúan. La historia reciente muestra cómo medidas similares han sido cuestionadas ante tribunales y entidades internacionales. La UE, sin embargo, avanza con esta decisión, marcando un nuevo rumbo en su política migratoria, un rumbo que encuentra una fuerte resistencia en España, que se ve cada vez más aislada en sus planteamientos sobre la unión europea y centros de deportación.
De hecho, la medida de construir centros fuera de la Unión Europea para deportar migrantes que viven de manera irregular en territorio comunitario fue criticada en varias ocasiones por la misma Comisión Europea antes de que Meloni llegase al poder. El Ejecutivo comunitario y la gran mayoría de líderes europeos ponían en duda que se tratase de una medida que pudiera pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que respetase el derecho internacional y humanitario.
