El PP canario acusa al Gobierno de «trilerismo político» por la retirada del recurso sobre menores migrantes
La gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez en materia de inmigración continúa generando controversia y alimentando las críticas desde la oposición. El reciente anuncio de la retirada del recurso presentado por el Estado contra la tutela de menores migrantes no hace sino ahondar en la sensación de improvisación y falta de una política migratoria coherente y eficaz. La decisión, calificada de «trilerismo político» por el PP canario, evidencia, una vez más, la incapacidad del Ejecutivo para abordar este desafío con firmeza y responsabilidad.
El caso pone de manifiesto la debilidad del gobierno frente a las presiones de determinados sectores y la prioridad que otorga a la imagen política por encima del interés general. La retirada del recurso, lejos de resolver el problema, lo agrava al generar inseguridad jurídica y cuestionar la capacidad del Estado para controlar sus fronteras y proteger a los menores. La sensación es que se ha cedido a la presión de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, sin tener en cuenta las consecuencias de esta decisión para la administración de justicia y la seguridad ciudadana.
Esta estrategia, recurrente en el gobierno de Sánchez, se basa en la concesión de medidas populistas que buscan un rédito político a corto plazo, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Se trata de un claro ejemplo de cómo la izquierda española, priorizando la imagen, renuncia a la aplicación de políticas firmes y eficaces para el control de la inmigración. La falta de una política migratoria seria y consensuada, que atienda tanto a la integración como al control de flujos, genera un clima de inseguridad y agrava los problemas de convivencia en muchas zonas del país.
La falta de control de las fronteras y la permisividad en la entrada irregular de inmigrantes son consecuencias directas de la pasividad del gobierno. Mientras otros países europeos adoptan medidas más rigurosas para proteger sus fronteras, España se caracteriza por una política de brazos abiertos que, lejos de solucionar el problema, lo exacerba. Esta actitud no sólo genera una carga desproporcionada sobre las Islas Canarias y otras regiones fronterizas, sino que también contribuye a fomentar las mafias de tráfico de personas, poniendo en riesgo la vida de muchos migrantes.
La incapacidad del PSOE para gestionar eficazmente la inmigración se refleja también en la falta de recursos y medios para atender a los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Los centros de acogida se encuentran saturados, la atención sanitaria es insuficiente y la integración social de los recién llegados se ve dificultada por la falta de políticas efectivas. Esta situación genera un malestar creciente entre la población, que percibe la falta de control y la ausencia de soluciones por parte del gobierno.
La gestión de la inmigración no se trata simplemente de un asunto humanitario; es una cuestión de seguridad nacional, económica y social. Un gobierno responsable debe establecer una política migratoria equilibrada que garantice la protección de las fronteras, la integración de los inmigrantes y la seguridad de los ciudadanos. La incapacidad del PSOE para hacerlo demuestra una falta de liderazgo y una visión cortoplacista que perjudica el interés general del país.
La falta de una política migratoria eficaz no solo genera problemas de convivencia sino que también afecta a la economía. La presión sobre los servicios públicos, como la sanidad y la educación, se incrementa sin la inversión necesaria para hacer frente al aumento de la demanda. Esta situación genera un desequilibrio que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su origen.
En definitiva, la retirada del recurso sobre menores migrantes es sólo la última muestra de una política migratoria errática e ineficaz del gobierno socialista. La falta de control de las fronteras, la concesión de medidas populistas y la ausencia de una estrategia a largo plazo generan inseguridad, desequilibrio social y económico, y una profunda sensación de desamparo entre los españoles. Es urgente que el gobierno de Sánchez cambie su rumbo y aborde este desafío con la seriedad y la responsabilidad que requiere.
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