¿Inversión en I+D o demografía? España se ahoga entre dos frentes
España se enfrenta a un reto mayúsculo que podría hipotecar su futuro económico: la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se queda rezagada respecto a la media de la Unión Europea. Este déficit, que sitúa al país medio punto por debajo de la media del PIB dedicado a estas áreas cruciales, supone una seria amenaza para la competitividad y el crecimiento a largo plazo.
Mientras algunos países de la UE destinan hasta un 3% de su PIB a I+D, España apenas alcanza cifras que la alejan de la vanguardia europea. El Consejo Económico y Social (CES) ha alertado en un informe sobre la disparidad existente entre los Estados miembros y subraya el efecto positivo de las inversiones en I+D sobre la competitividad. Según el CES, el gasto en I+D es clave para aumentar el potencial de crecimiento de una economía, especialmente ante la necesidad de acometer las transiciones digital y verde.
El lastre de la baja inversión en innovación
La falta de inversión en I+D no es una cuestión menor. Este departamento es el motor que impulsa la innovación, la creación de nuevas tecnologías y la mejora de procesos productivos. Al quedarse por debajo de la media europea, España corre el riesgo de perder terreno frente a economías más dinámicas y preparadas para los desafíos del futuro.
La intensidad en I+D y la capacidad de innovación son determinantes para la competitividad, independientemente del sector. El informe del CES es claro: el gasto en estas áreas es fundamental para el avance económico. España, al no priorizar suficientemente estas inversiones, podría ver cómo su capacidad de crecimiento se ve limitada en los próximos años, dificultando su adaptación a un mercado global cada vez más exigente.
La política de competencia, un impulso para la economía
En este contexto, la política de competencia emerge como una herramienta fundamental para dinamizar la economía española. Fran Soria, director general de Economía, ha destacado su importancia para mejorar el funcionamiento de los colegios profesionales y, por extensión, para estimular la actividad económica general. La simplificación normativa y la eliminación de barreras innecesarias son claves para atraer inversión y fomentar un entorno más competitivo.
Las medidas de simplificación normativa, como los decretos-leyes aprobados recientemente, buscan agilizar trámites y facilitar el acceso a la actividad económica. La eficacia extraterritorial de estas disposiciones permite que actos y resoluciones de cualquier administración pública española tengan validez en todo el territorio, promoviendo así la libre competencia y el crecimiento.
Perspectivas económicas: inflación y crecimiento
Las previsiones económicas para España arrojan luces y sombras. El Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter ha actualizado sus proyecciones para el Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2026 y 2027. Se anticipa un IPC medio del 3,4% en 2026, influenciado por la evolución del precio del petróleo y otros factores como los fertilizantes y carburantes en los alimentos. La tasa subyacente, sin embargo, se prevé más moderada.
Si bien las previsiones de inflación son un elemento a tener en cuenta, el verdadero desafío para España reside en su capacidad para revertir la tendencia de baja inversión en I+D. Sin un compromiso firme y sostenido con la innovación, el país difícilmente podrá asegurar un crecimiento económico robusto y sostenible en el complejo escenario global.
El desafío demográfico: natalidad y envejecimiento
Alberto Nadal (PP) advierte que «España es más pobre y dependiente desde que gobierna Sánchez». Esta crítica se enmarca en un contexto de profundo cambio demográfico. El colapso de la natalidad, con una media de 1,1 hijos por mujer en 2024, y un envejecimiento radical amenazan la economía española.
España ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en un factor clave y permanente del crecimiento económico. La combinación de una natalidad muy baja y un envejecimiento cada vez más acusado está consolidando una realidad: en España mueren más personas de las que nacen cada año. Este escenario plantea interrogantes sobre el funcionamiento de las pensiones y las consecuencias económicas y sociales de una reducción de la natalidad tan extrema.
La cifra de hijos por mujer ha caído consistentemente desde 1975, cuando la media era de 2,77. En el año 2000, la cifra había descendido a 1,21, y para 2025 se situó en 1,1. La OCDE estima que la tasa adecuada para mantener la población ronda el 2,1 hijos por mujer. España habría perdido, por tanto, 126.000 habitantes en 2025 debido a la falta de nacimientos y el envejecimiento, siendo el flujo migratorio el único motivo de crecimiento poblacional.
La ONU prevé que, sin inmigración y con natalidad estancada, la población caería de los 49 millones actuales a 34 para 2070. La fundación Foment estima que España necesitaría cerca de 1,4 millones de inmigrantes en las próximas décadas para cubrir las necesidades laborales. La AiReF, por su parte, alertaba que para 2029 la baja natalidad haría que ni siquiera la inmigración fuera suficiente para compensar la bajada de la población en edad de trabajar.
Envejecimiento masivo y sus consecuencias económicas
El envejecimiento de la población española es notable. Actualmente, los mayores de 65 años representan alrededor del 20% del total, cifra que se espera aumente al 24% en 2030. Esto significa que uno de cada cuatro ciudadanos estaría en edad de jubilación. El índice de envejecimiento alcanza nuevos máximos históricos, con 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
La combinación de una natalidad baja y una esperanza de vida creciente configura un panorama demográfico desequilibrado. La OCDE advierte que para 2050 habría casi 3 mayores de 65 por cada 5 personas en edad de trabajar. Este modelo se muestra insostenible y podría lastrar enormemente el crecimiento económico si no se logra un aumento de la población joven o un incremento de la productividad y el tiempo activo de los mayores.
La tasa de actividad en España se sitúa cerca del 59% de la población en edad de trabajar. Este crecimiento se explica por una mayor participación de mujeres, edades intermedias y trabajadores extranjeros. Sin embargo, este impulso tiene un techo. La mejora por mayor participación solo compensa parcialmente el impacto del cambio demográfico. La tasa de actividad se mantiene prácticamente estancada desde una perspectiva estructural, y el repunte tras la pandemia, favorecido por el ciclo económico, se espera que pierda fuerza hacia finales de 2026.
El sistema de pensiones bajo presión
El sistema de pensiones español acumula una presión financiera creciente. Solo en 2025, las transferencias del Estado para sostenerlo rondaron los 48.000 millones de euros, y para 2026 se prevé que superen los 50.000 millones. Esto implica que una parte cada vez mayor del sistema se mantiene con recursos del presupuesto general y del aumento de la deuda pública.
El estudio "Cómo reformar el sistema de pensiones" de Fernández Méndez y Calvo López señala un desequilibrio actuarial de fondo: las prestaciones medias recibidas por un jubilado son superiores a las cotizaciones realizadas. Por cada euro aportado, se reciben alrededor de 1,62 euros, un 62% más. Las previsiones apuntan a que esta diferencia seguirá aumentando: en 2045, los nuevos jubilados podrían recibir 2,14 euros por cada euro cotizado, y en 2065, alcanzaría los 2,20 euros.
Los autores relacionan este desajuste con la rentabilidad implícita del sistema. Mientras la tasa interna de retorno de las pensiones ronda el 2,6% anual, el crecimiento esperado de la economía española se sitúa cerca del 1,2%. Esta diferencia genera déficits estructurales difíciles de sostener a largo plazo.
