Sanciones propuestas en Fisterra antes de la muerte del niño
La Xunta de Galicia está en el ojo del huracán. Una información reciente dinamita la versión oficial sobre la muerte de un niño de ocho años en el centro de menores de Fisterra (A Coruña). La administración autonómica insistía en un “accidente” y en que las instalaciones habían “superado” la última inspección. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: un inspector propuso tres sanciones para el centro meses antes del fatal desenlace. Esta revelación pone en entredicho la gestión y supervisión de la Xunta en un caso que ha conmocionado a la comunidad gallega.
El pasado lunes, la vida del pequeño se apagaba tras precipitarse desde una ventana del centro Nosa Señora do Carme. Cayó más de diez metros de altura sobre un coche. Un suceso que, desde el primer momento, fuentes de la Xunta de Galicia calificaron como “accidental”. La verdad que emerge ahora es que el centro, lejos de estar impoluto, estaba bajo la lupa por graves deficiencias que la propia Xunta había documentado.
La Xunta, bajo la lupa: Deficiencias antes de la tragedia
En noviembre de 2025, pocos meses antes de la catástrofe, un inspector de la Xunta de Galicia visitó las instalaciones de Fisterra. Su informe no fue un parte de tranquilidad. El centro recibió tres propuestas de sanción. La Consellería de Política Social e Igualdade las tildó de “menores”, pero estaban siendo tramitadas en un expediente que, cinco meses después, sigue abierto. Estas “deficiencias menores” incluían “humedades en el techo de una estancia” y una “reducción temporal de la disposición económica de algunos usuarios”.
La versión inicial de la Xunta, que aseguraba que la inspección de noviembre no había detectado “problemas estructurales o de personal más allá de algunas humedades”, ahora suena a un intento de minimizar la gravedad. La muerte del niño, que se encontraba acompañado en el momento de la caída, ha destapado una realidad preocupante sobre el estado de un centro que acoge a menores vulnerables. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La conselleira Fabiola García ha expresado el “más sentido pésame” y ha activado un equipo psicológico de urgencia.
Un historial de problemas en el centro de Fisterra
La Asociación de Cooperadores de la Obra Social Nosa Señora do Carme, entidad que gestiona la minirresidencia de Fisterra, arrastra un historial financiero turbulento. El año pasado, la asociación atravesó una “grave situación económica”. Esto culminó en embargos de cuentas por parte de Hacienda, la Seguridad Social y la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga). La crisis financiera forzó un cambio de administrador a instancias del Arzobispado de Santiago de Compostela. Este contexto de precariedad económica y deficiencias estructurales se cierne ahora sobre la tragedia del menor.
El centro, que cuenta con 12 plazas de acogida y 13 trabajadores, se encuentra en el centro de todas las miradas. La Xunta de Galicia deberá dar explicaciones sobre por qué estas propuestas de sanción no fueron comunicadas públicamente. También deberá aclarar si las “deficiencias menores” eran realmente tan insignificantes. La polémica está servida y las preguntas se acumulan, exigiendo una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades gallegas.
El centro de menores coruñés donde murió un niño de ocho años recibió tres propuestas de sanción en la última inspección de la Xunta.
El centro de menores de Fisterra (A Coruña) donde el pasado lunes murió un niño de ocho años tras caerse desde una ventana, recibió tres propuestas de sanción del inspector que visitó las instalaciones en noviembre de 2025.
A preguntas de este periódico, la Consellería de Política Social e Igualdade confirmó que el inspector halló tres deficiencias que el departamento de la Xunta califica de "menores", pero que llevan cinco meses siendo tramitadas en un expediente.
Además, la entidad que gestiona la minirresidencia, la Asociación de Cooperadores de la Obra Social Nosa Señora do Carme, atravesó el año pasado una grave situación económica que llevó a Hacienda, la Seguridad Social y la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) a embargarle las cuentas e incluso forzó el cambio de administrador a instancias del Arzobispado de Santiago de Compostela.
