El Gobierno oculta cifras clave de la macro-regularización de inmigrantes
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido clasificar como secreta la información relativa a uno de los procesos más ambiciosos de su legislatura: la regularización extraordinaria de inmigrantes. A pesar de que el Consejo de Ministros dio luz verde a esta medida en abril, tras un pacto unilateral con Podemos y sin pasar por el Congreso, el Ejecutivo ha optado por el secretismo en los aspectos más sensibles del procedimiento. Esto ha generado una cascada de interrogantes sin respuesta que arrojan sombras sobre la transparencia y la gestión del proceso.
El Ejecutivo clasifica como secreta la información sobre la regularización de inmigrantes
Documentos oficiales a los que ha tenido acceso este medio revelan que «todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución» del real decreto ley que ampara esta regularización han sido catalogados como secretos o reservados. Esta decisión, suscrita por el Ministerio del Interior, implica que detalles cruciales sobre la tramitación, el número de expedientes y los beneficiarios finales quedan fuera del escrutinio público. La medida busca, según el Ejecutivo, evitar filtraciones o interpretaciones erróneas, pero la oposición y diversos sectores ya han alzado la voz contra lo que consideran una opacidad inaceptable.
Pilar Cancela evita dar cifras exactas sobre el número de beneficiarios de la regularización
Las estimaciones iniciales del Gobierno apuntaban a que unas 750.000 personas en situación irregular solicitarían acogerse al procedimiento, con una previsión de beneficiarios finales que rondaría el medio millón. Sin embargo, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha eludido concretar cifras. En declaraciones recientes, Cancela afirmó: «Hay que ser muy cautos, porque incluso he llegado a escuchar que habíamos establecido un cupo y que no íbamos a regularizar a más de 500.000 personas, eso es una auténtica barbaridad. Se regularizará a las personas que presenten su solicitud, su documentación y que tengan derecho a ella. Sean 500.000, 600.000, 700.000… quienes sean, lo importante es que se va a dar una respuesta a todos ellos». Estas declaraciones, lejos de aclarar la situación, subrayan la falta de concreción oficial y la amplitud de las posibles cifras, generando incertidumbre.
Dudas sobre la carga de trabajo y los expedientes asumidos por los organismos implicados
Otro de los grandes interrogantes que planean sobre esta regularización masiva es la distribución de la carga de trabajo entre los diferentes organismos implicados. Preguntas clave como «¿Qué número de expedientes está asumiendo cada organismo que participa en la tramitación, como Correos, Tragsa y las oenegés?» o «¿Cuántos expedientes se han tramitado ya?» quedan, por el momento, sin respuesta oficial. La falta de transparencia en este aspecto dificulta evaluar la eficiencia del proceso y la capacidad real de las administraciones para gestionar un volumen tan elevado de solicitudes.
El programa busca regularizar hasta 500.000 personas, pero las estimaciones varían y el Gobierno no concreta
A pesar del secretismo, se sabe que el programa está diseñado para acoger hasta 500.000 personas que cumplan ciertos requisitos, como demostrar que residían en España antes del 1 de enero de 2025. En las primeras dos semanas desde su entrada en vigor el 16 de abril, se presentaron más de 200.000 solicitudes, según confirmó la propia Pilar Cancela. El 80% de estas se han tramitado online, un esfuerzo del ministerio para evitar los cuellos de botella habituales. Sin embargo, la cifra final de beneficiarios sigue siendo una incógnita, y el Gobierno parece reacio a ofrecer datos precisos, optando por un discurso de «respuesta a todos» que oculta la magnitud real del impacto.
La Abogacía del Estado, por su parte, se ha opuesto a las peticiones de suspensión cautelar del decreto presentadas por diversas asociaciones y la Comunidad de Madrid. Argumentan que los efectos del proceso no serían irreversibles y que la concesión de una autorización de residencia no impactaría negativamente en los servicios públicos. No obstante, esta oposición no disipa las dudas sobre la gestión y las cifras reales de una regularización que promete ser histórica, pero que arrastra consigo un velo de secretismo.
El Gobierno admite ahora que «se regularizará a 500.000, 600.000, 700.000 inmigrantes o los que sean».
El Gobierno ya evita dar cifras sobre el número de inmigrantes que acabarán beneficiándose del proceso de regularización.
