Las cotizaciones del SEPE no penalizan el subsidio a mayores de 52 años

El Tribunal Supremo ha dictado un fallo contundente contra la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ha sentado un precedente crucial: las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por el propio SEPE mientras un trabajador percibe el subsidio para mayores de 52 años, o las cuotas cubiertas mediante convenio especial, no pueden ser utilizadas para penalizarle ni para reclamarle devoluciones. Esta decisión, respaldada por un fallo similar del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, supone un respiro inmediato para miles de parados y un duro golpe a las prácticas del organismo público.

En concreto, el alto tribunal ha confirmado que un trabajador con una incapacidad permanente total reconocida desde 1996 no tendrá que reintegrar al SEPE más de 11.000 euros. El organismo público había argumentado que el empleado no cumplía el periodo mínimo de cotización exigido para el subsidio de mayores de 52 años, descontando precisamente las cotizaciones realizadas durante la percepción de dicha ayuda. El Supremo, sin embargo, ha sido tajante: esas aportaciones no computan para ese fin y, por tanto, la reclamación del SEPE carece de fundamento.

Un giro judicial que protege al trabajador

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ratificado lo que ya apuntaba el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En casos ligados a despidos colectivos, como los que afectaron a la empresa Tubacex en 2021, se han ventilado situaciones complejas. Un exempleado, acogido a un plan de prejubilación con pagos fraccionados, solicitó el subsidio para mayores de 52 años. El SEPE intentó bloquearle la ayuda alegando que los ingresos mensuales superaban el 75% del salario mínimo interprofesional, considerándolos incompatibles. Sin embargo, la justicia declaró nulo el despido y reconoció el derecho del trabajador al subsidio, un fallo que ahora se ve reforzado por la sentencia del Supremo.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido una resolución que aclara otro punto sensible. La justicia gallega ha establecido que las cotizaciones que el SEPE realiza para los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, así como las cuotas de convenios especiales, no pueden ser sumadas a las rentas de la unidad de convivencia para justificar la retirada de una pensión no contributiva. La Xunta de Galicia había intentado utilizar estos conceptos para superar el límite legal de recursos, una práctica que la Sala ha invalidado por completo.

Las prácticas del SEPE bajo la lupa judicial

Estas sentencias ponen de manifiesto una tendencia: el SEPE y otras administraciones públicas han recurrido en ocasiones a interpretaciones restrictivas de la normativa para limitar el acceso a prestaciones o para reclamar cantidades supuestamente indebidamente percibidas. El quid de la cuestión reside en cómo se computan los ingresos y las cotizaciones. La justicia está marcando un límite claro al considerar que no toda aportación económica o cotización puede ser utilizada arbitrariamente para perjudicar al trabajador.

El caso de Tubacex, donde se llegó a declarar nulo un despido colectivo a pesar de la aceptación inicial de una baja voluntaria por parte del trabajador, subraya la complejidad de estos procesos y la importancia de la supervisión judicial. Las decisiones administrativas y laborales han sido cuestionadas y, en muchos casos, revocadas por los tribunales.

Un futuro con más seguridad para los trabajadores

El impacto de estas resoluciones es directo y positivo para los trabajadores afectados. Por un lado, se evita tener que devolver sumas considerables de dinero que ya habían sido percibidas, a menudo como un salvavidas en momentos de dificultad económica. Por otro, se garantiza el acceso a prestaciones clave como el subsidio para mayores de 52 años, una ayuda fundamental para quienes se encuentran en el tramo final de su vida laboral y tienen dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo.

La jurisprudencia reciente sienta un precedente sólido que obligará al SEPE a revisar sus criterios de actuación. La interpretación de qué rentas son verdaderamente incompatibles y qué cotizaciones deben computarse será clave para evitar futuros litigios y asegurar que los derechos de los trabajadores se respetan en su totalidad. La prudencia y la aplicación rigurosa de la ley serán ahora más necesarias que nunca para el organismo público.