El Supremo de EEUU falla a favor de Havana Docks por muelles confiscados en Cuba
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado un fallo trascendental que impactará directamente en la reclamación de propiedades confiscadas en Cuba. El tribunal supremo estadounidense ha dado la razón a la empresa Havana Docks Corporation, cuyo muelle en la isla fue expropiado tras la toma del poder por Fidel Castro. Esta decisión abre la puerta a que la constructora de dichos muelles pueda ser compensada por operadores de cruceros que han utilizado estas instalaciones en años recientes.
El fallo, que contó con una votación de 8 a 1, supone un revés para cuatro operadores de cruceros estadounidenses: Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises. Estas compañías impugnaban sentencias que sumaban 440 millones de dólares, tras haber sido acusadas de utilizar ilegalmente muelles en Cuba que fueron expropiados en 1959 por el gobierno de Fidel Castro. La Corte Suprema anuló la decisión de un tribunal inferior que había desestimado las sentencias contra estas navieras.
El caso Havana Docks y la Ley Helms-Burton
El caso se remonta a la nacionalización de propiedades privadas que llevó a cabo el régimen castrista poco después de llegar al poder. La empresa Havana Docks Corporation, que construyó muelles en el puerto de La Habana a principios del siglo XX bajo una concesión de 99 años, presentó una demanda amparándose en la Ley Helms-Burton. Esta ley, promulgada en 1996, permite a los ciudadanos estadounidenses que poseían propiedades en Cuba demandar a cualquiera que “comercialice con bienes que fueron confiscados por el Gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959”. Las navieras demandadas argumentaron que la explotación de los muelles por parte de Havana Docks expiraba en 2004, antes de que ellas comenzaran a usarlos.
La interpretación de la Corte Suprema
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que Havana Docks solo necesitaba demostrar que las líneas de cruceros utilizaron la propiedad confiscada sobre la cual la empresa tenía un derecho reconocido. El juez Clarence Thomas, autor del fallo mayoritario, señaló que quienes utilizan propiedades afectadas por confiscaciones pasadas son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense con un reclamo sobre dichos bienes. La decisión se produce en un contexto de renovada presión de Estados Unidos sobre Cuba, impulsada por la administración Trump, que apoyó a Havana Docks Corporation en su demanda, considerando estas acciones como una herramienta de política exterior para desalentar inversiones en la isla.
La jueza Elena Kagan fue la única en votar en disidencia, aunque los detalles de su argumento no se han especificado en este fallo. La decisión de la Corte Suprema, más allá de este caso concreto, podría facilitar demandas similares por parte de otras empresas e individuos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas tras la revolución cubana. El fallo, con su interpretación de la Ley Helms-Burton, refuerza la postura de Estados Unidos en su política de embargo hacia la isla y establece un precedente importante para futuras reclamaciones sobre activos confiscados.
Implicaciones del fallo
Este fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la compleja relación entre Estados Unidos y Cuba en lo referente a las propiedades expropiadas. La sentencia, que otorga una victoria significativa a Havana Docks Corporation, podría tener repercusiones económicas y diplomáticas considerables, abriendo un nuevo frente legal para las empresas que operan en la isla y que utilizan infraestructuras previamente en manos estadounidenses. La Corte Suprema de EEUU autorizó así demandas por los activos norteamericanos confiscados por Cuba en 1960. La decisión, con una votación de 8 a 1, podría facilitar demandas similares por parte de otras empresas e individuos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas tras la revolución cubana, indicó The New York Times. El caso surgió mientras el gobierno de Donald Trump intensificaba la presión sobre el régimen cubano. La administración Trump apoyó a Havana Docks Corporation en su demanda contra grandes líneas de cruceros que utilizaron los muelles confiscados. El gobierno consideró que este tipo de demandas, autorizadas por el Congreso en la década de 1990, constituyen una herramienta de política exterior para desalentar inversiones en Cuba.
