Iustitia Europa se querella contra el Gobierno por el rescate de Plus Ultra
El partido político Iustitia Europa ha formalizado este jueves una querella ante el Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Esta acción legal se dirige específicamente contra la decisión del 9 de marzo de 2021, que dio luz verde al rescate de la aerolínea Plus Ultra. La formación, conocida por ejercer de acusación popular en diversos casos de corrupción que afectan al Gobierno, centra ahora sus esfuerzos en esta polémica aprobación que ha generado un considerable debate público.
La querella de Iustitia Europa contra el Consejo de Ministros: detalles clave
La querella interpuesta por Iustitia Europa se fundamenta en los indicios contenidos en el auto judicial del magistrado José Luis Calama. Dicho auto, dictado el 18 de mayo de 2026, supuso la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El partido político sostiene firmemente que la concesión de 53 millones de euros, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), pudo responder a una resolución administrativa arbitraria o, incluso, condicionada por influencias indebidas. Esta operación financiera, crucial en un momento de crisis económica, ha sido objeto de escrutinio desde su aprobación.
La imputación del exlíder del PSOE como presunto cabecilla de una organización criminal que buscaba beneficios económicos mediante el ejercicio de influencias ante instancias públicas, es un pilar central de la argumentación de la acusación popular. El auto judicial del magistrado Calama señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». Según el juez, la finalidad de esta estructura sería «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
Argumentos legales y la responsabilidad del Gobierno
La querella de Iustitia Europa articula una tesis de responsabilidad penal individualizada. Esta se aplica en el seno de un órgano colegiado como fue el Consejo de Ministros, que tomó la decisión del rescate. La base jurídica de esta acusación se asienta en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el «torcimiento del derecho» y la «ceguera deliberada». La formación argumenta con vehemencia que el acuerdo del Consejo de Ministros no constituye un mero acto político de discrecionalidad gubernativa, sino una resolución administrativa reglada. Esto implica que los miembros del Gobierno en aquel momento estaban sujetos a estrictos presupuestos legales y no a una decisión puramente política.
El partido político considera que la disposición de 53 millones de euros de fondos públicos, en un contexto de grave crisis sanitaria y económica, justifica plenamente la intervención de la acusación popular. La querella busca determinar la responsabilidad penal de los 23 miembros que conformaban aquel Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra. Esta cifra, que representó una inyección considerable de capital, es un punto clave en la argumentación de la formación.
Expectativas judiciales y el impacto en el Ejecutivo
La Sala Segunda del Tribunal Supremo será la encargada de estudiar la querella presentada por Iustitia Europa. La acción legal llega pocos días después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que añade un nuevo y significativo frente judicial al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El partido político insiste en la necesidad imperante de depurar responsabilidades. Consideran que hubo un posible uso indebido de fondos públicos y un ejercicio de influencias ilegítimas en la aprobación de este rescate. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la fiscalización de decisiones gubernamentales.
